Noticias

Podría afectar a Europa

Moscú.- El consorcio ruso Gazprom recortará a partir de este lunes los suministros de gas a Bielorrusia por deudas, tras fracasar las negociaciones para alcanzar un arreglo. El presidente de Rusia, Dmitri Medvédev, ha dado su visto bueno a la medida, que puede afectar a los consumidores europeos del carburante ruso, en una reunión con el jefe de Gazprom, Alexéi Miller, a primera hora de esta mañana, según han informado las agencia rusas.

Rusia y Bielorrusia acordaron el domingo celebrar urgentes negociaciones en Moscú esta mañana para intentar resolver su actual conflicto de deudas y evitar una nueva "guerra del gas" que pueda afectar a Europa.

Gazprom acusa a Bielorrusia de pagar el gas a precios inferiores a los establecidos por el contrato, y le reclama una deuda de 200 millones de dólares (más de 160 millones de euros) bajo la amenaza de recortar el lunes un 85% los suministros de gas al país vecino.

Sin embargo, el mismo Tovpenets declaró el pasado viernes que es Gazprom el que debe a Minsk más de 200 millones de dólares por el tránsito del carburante ruso a Europa por Bielorrusia.

Día clave para el recibo de la luz. Hoy lunes, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, tiene previsto reunirse con los principales agentes del sector de las energías renovables. No estarán presentes, pero ya se han hecho oír, las entidades financieras, protagonistas indirectas y en la sombra, a las que también afectarían de manera sustancial las consecuencias que pueda implicar un recorte en las primas a la producción -se ha anunciado un 30% para fotovoltaica- y su carácter retroactivo.

Por este motivo, el pasado lunes 14 de junio, el presidente de la patronal bancaria AEB, Miguel Martín, remitió una carta al ministro Industria, Miguel Sebastián, para trasladarle de manera oficial la preocupación existente entre sus asociados, que temen una oleada de ejecuciones de huertos solares. “Como bien conoces”, arranca la carta, “el sector español de energías renovables descansa en medida muy elevada en la financiación bancaria, habitualmente a través de la fórmula project finance”.

Según los datos a los que hace alusión la patronal AEB, las entidades financieras que operan en España tienen comprometidos en el sector de las renovables más de 40.000 millones de euros, en su mayoría respaldando proyectos donde la deuda bancaria supone un 85% de la inversión. Por este motivo, un eventual cambio regulatorio trasciende más allá de los operadores energéticos con los Industria viene negociando durante estas semanas una solución consensuada.

una de las ideas que en estos momentos maneja el departamento de Miguel Sebastián es poner en marcha un sistema mixto que fije un cupo de horas al año con prima. Más allá de ese umbral, la electricidad generada se pagaría conforme a mercado. Este escenario permitiría a Industria controlar de antemano la factura que cada año está dispuesta a pagar para promover el desarrollo del sector.

Según estas fuentes, Industria no ha abdicado de su intención inicial de abordar un importante recorte de las primas para las energías renovables, tanto para las instalaciones futuras como para las que están ya en funcionamiento. En el caso eólico, el recorte sería más bien simbólico, un gesto que pruebe que todas las tecnologías se aprietan el cinturón. Rondaría el 5%. La parte dura del ajuste se la llevaría el sector fotovoltaico, que es donde el Gobierno ve el verdadero problema en el desembolso de ayudas. Por ello, prepara una reducción de las primas del 40% para las instalaciones de suelo y en torno al 25% para las de techo.

Los bancos, con los que Industria se ha reunido en las últimas fechas y que tienen pillados 15.000 millones en el sector fotovoltaico, habrían dado luz verde al nuevo modelo. La preocupación de Sebastián se centra más en encontrar la fórmula jurídica para vender, sobre todo a los inversores internacionales, que la reforma no pone en peligro la seguridad jurídica. Cualquier modificación de la normativa con la que nacieron las instalaciones ya en marcha es vista por el sector como una reforma retroactiva. Para Industria, sin embargo, la retroactividad implica que las empresas tuvieran que devolver las primas recibidas en el pasado, algo que no está en cuestión.

La máxima de esta Administración ha sido siempre, por consejo del jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Rahm Emanuel, la de no perder ocasión de convertir una crisis en una oportunidad. Se aprovechó la crisis económica para lanzar las reformas sanitaria y financiera. Se quiere aprovechar ahora la marea negra para acelerar la reforma de la energía. "Esta es la hora de asumir una política de energías limpias. No podemos esperar más para poner fin a la adicción al petróleo", dijo Obama.

Para cumplir ese objetivo, el presidente tiene que recuperar antes al menos parte del crédito perdido desde el accidente de la plataforma de BP. Para eso recurrió a la inusual comparecencia nocturna.

Los discursos desde el Despacho Oval (lee aquí el texto íntegro, en inglés) tienen, hasta en su puesta en escena, un dramatismo especial. El hombre que dirige los destinos del país se sitúa, desde la soledad de su escritorio de trabajo, frente a la cámara por la que se asoman millones de compatriotas en busca de orientación. La mayor parte de los presidentes utilizan ese método en momento de particular gravedad. George Bush habló desde el Despacho Oval tras los atentados del 11-S. John Kennedy lo hizo en medio de la crisis de los misiles de 1962. Ronald Reagan, tras el accidente del Challenger. Richard Nixon anunció desde el Despacho Oval su dimisión por el escándalo del Watergate.

El Gobierno, a través del Idae (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía) ha elaborado un nuevo Plan de Energías Renovables hasta el año 2020 que reduce sustancialmente las previsiones de nuevos proyectos verdes que realizó el Ejecutivo hace apenas tres meses. En marzo el Gobierno presentó un paquete de medidas para salir de la crisis.

Aquel documento se enmarcó dentro del intento del ejecutivo de alcanzar un acuerdo con los partidos políticos (pacto de Zurbano). El documento original, que el Gobierno ha estado utilizando hasta esta misma semana, incluía un extenso apartado para potenciar las energías renovables.

Ese documento contemplaba alcanzar un total de 74.547 megavatios de potencia de energías renovables en el año 2020, frente a los 39.721 megavatios de potencia con los que se cerró el año 2009. En el nuevo Plan de Energías Renovables (bautizado como Paner), que debe ser presentado a Bruselas antes del 30 de junio, el Ejecutivo rebaja a 69.844 megavatios la potencia de energías verdes instalada en 2020. Es decir, es en torno a un 7% menos de lo que se dijo en marzo.

El Ministerio de Industria ha remitido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) una propuesta de orden ministerial de revisión de la Tarifa de Último Recurso (TUR) en la que se recoge un incremento del 10% en la parte de los peajes, que incluye los costes regulados del sistema eléctrico, indicaron a Europa Press fuentes del departamento dirigido por Miguel Sebastián.

Así se recoge en la propuesta de orden ministerial para la revisión de las tarifas de acceso -que retribuyen costes regulados como el transporte, la distribución o las primas a las renovables- remitida a la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Según fuentes del mercado consultadas por Efe, este aumento en los peajes de acceso supondría un incremento de en torno al 4% de la tarifa de último recurso (TUR), la única que fija el Gobierno y a la que pueden acogerse 26,8 millones de hogares y pymes.

Este incremento corresponde a la parte regulada de la tarifa doméstica con potencias inferiores a 10 kilovatios hora (kW). Para las potencias superiores que aún disfrutan de la TUR hasta que concluya el periodo límite para buscar un comercializador de mercado, la subida será del 5%, mientras que los peajes de la gran industria se mantendrán.

La Unidad I y la II de la planta cacereña cumplirán 39 y 37 años de funcionamiento en 2020 tras la prórroga de su licencia, que caducaba hoy.

El Ministerio de Industria ha autorizado a la central nuclear de Almaraz (CNA) para que siga funcionando durante 10 años más al renovar su licencia de explotación que expiraba este año, ha confirmado el responsable de Relaciones Institucionales, Aniceto González. La ampliación de la vida de la planta cacereña, que acababa hoy y que se prolonga hasta el 8 de junio de 2020, ha sido comunicada esta mañana aunque la firma tiene fecha de ayer y está rubricada por el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín. Esta renovación se inscribe "dentro del periodo ordinario de funcionamiento de las centrales nucleares", de acuerdo con lo previsto en el paquete legislativo que modifica la normativa nuclear presentada en diciembre, según informa Industria en una nota.

Con esta autorización, la unidad I y la unidad II de la CNA -que entraron en servicio en 1981 y 1983- cumplirán en 2020 los 39 y 37 años de funcionamiento, por debajo de lo que se considera ciclo útil en una planta de este tipo, fijado en 40 años. Para González, esta decisión supone un reconocimiento al trabajado desarrollado en estos años y que ya puso de manifiesto el 30 de abril el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que remitió a Industria un informe favorable basado "en el correcto funcionamiento y el mantenimiento del nivel de seguridad adecuado para continuar su operación".

De momento, ya ha puesto los cimientos para modificar la agencia a cargo de la explotación petrolífera y ayer adelantó que es hora "de acabar con los miles de millones de ayudas fiscales" a favor de las petroleras y usar este dinero para las energías limpias. Obama dijo en un discurso en la Universidad de Pittsburgh que el vertido podía haber sido "un fallo humano o derivado de un peligroso atajo tomado por una empresa que haya comprometido la seguridad" pero en cualquier caso la explotación en alta mar era inherentemente arriesgada y EE UU no puede seguir dependiendo en exclusiva de combustibles fósiles. La Agencia Internacional de la Energía cree que en 2030 este tipo de explotación será responsable del 40% de la producción, algo que en EE UU no está ya tan claro después de que Obama cancelara o suspendiera nuevos proyectos que la industria ya ha calculado que provocará la pérdida de unos 40.000 empleos.

Ya nadie se atreve a poner fecha concreta a la entrada en funcionamiento comercial de Medgaz, una de las infraestructuras energéticas más emblemáticas y costosas en España.

La crisis de demanda energética que vive este país, consecuencia directa de la recesión económica, está condicionando el calendario de ese megagasoducto. Los socios estudian cómo demorar su calendario en un momento en el que, el principal problema, es la saturación de oferta.

En Medgaz, participan los grupos españoles Endesa, con el 12%, e Iberdrola y Cepsa, con el 20% cada uno. También están el grupo francés GDF Suez (12%) y el argelino Sonatrach (36%). Además de participar en Medgaz y transportar su propio gas por el tubo, Sonatrach será el suministrador de los otros socios, a través de contratos a largo plazo que, ahora, ante la difícil coyuntura que atraviesa el mercado español, o no están firmados, o están en revisión. Otro problema es que las interconexiones gasísticas de España con Francia, que iban a ser una vía para dar salida a Medgaz, no están desarrolladas en su totalidad.

Hay 13.500 millones en juego sólo el primer año y el Gobierno quiere asegurarse que todo va a salir bien. Se trata de la deuda que se tendría que emitir para cubrir el déficit de tarifa de las eléctricas, a través de un fondo de titulización gestionado por la firma Titulización de Activos (TdA).

La operación estaba prevista para finales del año pasado, pero el progresivo deterioro de las condiciones de los mercados de crédito la ha puesto en cuarentena. Sin embargo, “hay alguna compañía del sector que ya no puede esperar más y necesita cubrir ese agujero financiero”, explican fuentes financieras.

Y es que el tiempo está jugando en contra de estas emisiones. La dudas de los inversores sobre la capacidad de algunas economías, como la española, para reconducir sus cuentas públicas están golpeando a la deuda pública de estos países. En el caso de España, el riesgo país se ha disparado por encima de los 137 puntos básicos y la rentabilidad del bono a diez años supera ya el 4%. Si el Tesoro Público tiene que emitir cada vez más caro, también lo deberá hacer el fondo de titulización del déficit eléctrico.