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Tiempos de codicia

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Artículos En el prestigioso periódico alemán Frankfurter Allgemeine apareció el pasado 28 de marzo un suculento artículo sobre la situación ecológico-urbanística en España, titulado "Tiempos de codicia".

Estaría bien que se lo leyera alguno de los políticos corruptos vendidos al ladrillo y se le cayera la cara de vergüenza. Y si se ofendieran tanto que llegaran a ponerle un pleito al periódico, sería fantástico por la repercusión que podría tener en la opinión pública.

Tiempos de codicia (Traducido del alemán por Anahí Seri):

La divisa es el saqueo. La economía española va viento en popa, pero el país hipoteca su futuro y se desentiende del cambio climático.

PAUL INGENDAAY / FAZ MADRID, 28 de marzo.

Según una encuesta publicada recientemente, de entre todos los europeos, son los españoles los que más se preocupan por el cambio climático, pero eso no son más que números. ¿Quién se iba a extrañar? España está en el sur. Siete de cada diez españoles, se dice, están "muy preocupados" por el calentamiento global, el riesgo de sequía, la elevación del nivel del mar, el deshielo de los casquetes polares, etc. Los siguientes puestos de preocupación de los europeos los ocupan Chipre, Malta, Grecia, Portugal, Rumania e Italia. Lo dicho, el sur. En Finlandia, de momento no hay por qué temer a los veranos desérticos.

Pero si nos fijamos en las consecuencias que se desprenden de esta preocupación, el tema tiene mala pinta para los españoles, por varias razones. La primera y más obvia es que se interesan poco por la ecología y la ciencia del clima, están muy rezagados en temas de medio ambiente y no son nada amigos de las normas que limitan su libertad de movimiento. Nunca ha habido "conciencia ecológica" en España, y la política verde no existe a nivel nacional.

Bien es cierto que en verano hay spots publicitarios que propugnan cándidamente el ahorro de agua; pero cuando en febrero la Ministra de medio ambiente, Cristina Narbona, sumó a las preocupantes conclusiones del estudio sobre el clima de la ONU unas investigaciones españolas según las cuales se produciría un aumento de las temperaturas de cuatro a siete grados hasta el final del siglo, y con ello una catástrofe climática ibérica, la opinión pública no se dio por aludida. Los columnistas y los "opinion maker" prefieren ocuparse de temas más importantes que la canícula, las pérdidas de cosechas, la desertización, nuevos parásitos o migraciones humanas y de aves. Mientras que los debates en torno al grupo terrorista ETA han provocado en los últimos meses media docena de manifestaciones masivas, la lucha contra el cambio climático no consigue movilizar a nadie.

El problema de fondo podría ser que el fabuloso crecimiento económico español de los últimos años va ligado directamente al saqueo imparable de este país y sus recursos: tierra, agua, luz. El boom inmobiliario que campa a sus anchas ha adquirido unas proporciones tan terroríficas que en España se construyen anualmente más viviendas que en Alemania, Francia e Inglaterra juntas. Parte de la urbanizaciones recién creadas son ilegales. No sólo la costa andaluza, cuyo destrozo es ya proverbial, también las barriadas en torno a las grandes ciudades ofrecen imágenes fantasmagóricas de urbanismo desenfrenado, a menudo derivados directamente de favoritismos, acuerdos secretos y sobornos. Hay mucho en juego: en los últimos años, los precios de los inmuebles han aumentado en más de 150%. Entre quienes más se han enriquecido figuran los constructores, los agentes inmobiliarios y los inversores. Tampoco cesa la demanda de viviendas en España por parte de los extranjeros, sea para uso propio o como objeto de especulación.

Tan sólo entre principios de 2005 y mediados de 2006, el Seprona detectó casi trece mil obras ilegales en todo el país, sin contar Cataluña ni el País Vasco. Los delitos abarcan desde la simple anexión de terrenos públicos, pasando por reformas o vallas no autorizadas, hasta construcciones en espacios protegidos. Por cierto que gran parte de los pecadores actúan en las empresas de construcción y proceden de forma absolutamente desvergonzada. Se perforan pozos donde hace falta, se pinchan las conducciones de electricidad. Hay muchas probabilidades de que la apropiación indebida del terreno sea declarada legal a posteriori.

A modo de ejemplo: en el pasado mes de octubre, las autoridades municipales socialistas de Chiclana de Frontera (Provincia de Cádiz) decidieron legalizar quince mil casas o pisos que habían sido construidos ilegalmente en las últimas tres décadas. Poco a poco, los habitantes se registrarán y recibirán suministro eléctrico regular. Es decir, en vez de obligar al cumplimiento de las normas y penalizar de forma decidida las infracciones, el municipio ampara a los malhechores bajo el inmenso paraguas de una legislación ya carente de significado. Lo legal es lo que ocurre.

Con el titular "Saqueo urbanístico", el periódico El País informó a principios de mes sobre diez parques naturales amenazados por la industria de la construcción, o que incluso ya han comenzado a ser mordisqueados. Se trata de viviendas unifamiliares con vistas a las montañas, de estaciones de esquí, de novecientas viviendas con campo de golf. Donde la cosa está especialmente cruda es en la Comunidad Valenciana y en Murcia y Almería, donde muchos municipios están dispuestos a recalificar los terrenos originalmente protegidos, para que pueblos de 10.000 almas puedan convertirse en residencias de vacaciones y tiempo libre con un número de habitantes multiplicado por veinte. Los debates sobre la incompatibilidad, si es que tienen lugar, se libran en general en los tribunales, donde las armas están repartidas de forma muy desigual. El oso pardo, en peligro de extinción en Castilla y León, depende de la iniciativa de los ecologistas. Entretanto, los urbanizadores y los políticos provincianos ávidos de modernización se entusiasman con el "potencial de crecimiento" de su región y aluden a la creación de nuevos puestos de trabajo.

La situación en España es precaria, no sólo por las temperaturas extremadamente elevadas, el aumento de las emisiones de dióxido de carbono y la falta de conciencia ecológica. La avidez del sector inmobiliario y turístico acentúa una tendencia funesta: el movimiento hacia la capital o hacia las costas, mientras se abandona el interior. Las grandes obras de infraestructura y los objetos arquitectónicos de prestigio son para las zonas que ya de por si gozan de ventaja. El escritor Julio Llamazares utilizó recientemente la expresión "dos Españas", expresión que normalmente alude a los tiempos de la Guerra Civil, para hacer referencia a esta división en dos clases. Según Llamazares, las regiones ricas consideran a las más pobres como meros proveedores. Si a los ricos les falta agua, que los otros hagan el favor de ponérsela a su disposición. Los ricos apelan a la solidaridad cuando les viene bien, pero en su opinión hace tiempo que han dejado sin contenido el modelo de solidaridad de las comunidades autónomas. En la España actual rige el más acendrado egoísmo.

Para poder llevarse una parte del pastel, los municipios enajenan sus bonitos paisajes, el aire puro y la calma celestial, atributos que pronto se quedan en nada. La multiplicación de las viviendas lleva a ensanchar las calles, a construir nuevas autopistas y a sellar más superficies. De acuerdo con un estudio de compatibilidad, en el año 2004 habían en España 23 millones de viviendas privadas, de las cuales sólo 12,5 millones eran primera residencia. Aproximadamente 5,3 millones, más de un tercio, eran segundas viviendas. Los dos millones largos de inmuebles que faltan en este cálculo estaban vacíos.

Es peligrosamente ingenuo hacer este cálculo sin tener en cuenta el cambio climático, y esto en algún momento se hará notar. La cultura española de turismo y servicios se puede ir preparando. Todo lo que puede ofrecer el país habrá que volver a calcularlo y ajustarlo. Por ejemplo, el pasado invierno las estaciones españolas de esquí sufrieron importantes pérdidas debido a que a penas hubo nieve hasta el mes de febrero; se anuncian unos tiempos en los que ni la nieve artificial servirá de nada y tal vez el montañismo sea mejor idea.

El verano de 2006 puso de manifiesto el riesgo que supone vivir en las zonas más cálidas. Las reservas de agua arrojaron mínimos históricos. En Andalucía y Extremadura hubo muertes por deshidratación. La plaga estival de los incendios forestales arrasó muchas hectáreas de tierra. Imaginarse que en algún momento de nuestro siglo se pudieran sumar aún seis grados más a los 55 grados registrados en Córdoba y Sevilla es algo que nos supera.

Y no hace falta recurrir a cálculos alarmistas para saber que las cosas se pueden poner aún mucho más feas. En la actualidad, la Comunidad de Murcia ya no puede cubrir sus necesidades anuales de agua con sus propios recursos. Y sin embargo, aquí y en Almería, la región más cálida de España, en los próximos años se construirán varios cientos de miles de nuevas viviendas. Este plan demencial podría causar mayores modificaciones en esta región de lo que se ha conseguido en todo el siglo XX. Pensado como un parque temático para los acaudalados, con golf, hidromasaje y peluquería, en realidad aquí se levantará un mundo artificial de ladrillo y asfalto. El césped verde que se supone que lo rodeará, es el problema en el que hoy en día nadie quiere pensar.