Se necesita una revisión radical de la asignación de emisiones

Después de un intenso debate en Crisis Energética sobre la justicia o injusticia de aplicar el Protocolo de Uppsala, después conocido como Protocolo de Rimini y finalmente como el Protocolo sobre el Agotamiento, y como posible mecanismo de equilibrio (o reequilibrio) para evitar un colapso social y planetario con el advenimiento de la llamada Segunda Mitad de la Era del Petróleo. Dado su interés publico y citando las fuentes que nos nutren, traemos a Crisis Energética un interesante artículo de Richard Douthwaite, importante miembro de Feasta, convenientemente traducido. En él se plantea otra fórmula ya adelantada otras veces con variantes por algún otro autor, basada en asignaciones personales energéticas en todo el mundo. Desde luego, entran factores políticos y de poder fundamentales para que la puesta en marcha de esta propuesta pudiese tener alguna viabilidad. Queda reabierto el debate. Radical overhaul of emissions allocation required

Este artículo de opinión apareció en el Irish Times el 28 de noviembre de 2005

(Traducción para Crisis Energética de Pedro Prieto)

Mientras se inaugura la Conferencia de Montreal sobre el calentamiento global, o podemos esperar progreso alguno sobre el cambio climático, a menos de que la forma en que se llevaron a cabo las negociaciones sea revisada drásticamente, escribe Richard Douthwaite

En los próximos 10 días, se estima que se reunirán en Montreal unas 10.000 personas, entre funcionarios de gobiernos, políticos, manifestantes y periodistas, para intentar decidir cómo debería el mundo parar el calentamiento global.

La reunión a la que asisten, la 11ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-11th, en sus siglas en inglés), difícilmente podría ser más importante. Quitando un puñado de escépticos, existe un acuerdo universal de que la supervivencia de la mayor parte de la Humanidad depende eventualmente del resultado del proceso del cual el COP forma parte.

La mayoría de los asistentes a Montreal aceptan que para tener alguna posibilidad de evitar las extinciones masivas, las sequías, el deshielo de los casquetes polares y la destrucción de la corriente del Golfo, se tienen que reducir drásticamente los volúmenes de gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera y lo suficientemente rápido como para evitar que la temperatura promedio de la Tierra suba más de dos grados por encima de los niveles preindustriales. (ya hemos aumentado un tercio de este nivel y no podemos evitar la subida de otro tercio)

También están de acuerdo en que, a menos que esas reducciones comiencen en unos 5 años, el ritmo al que habría que reducirlas (en caso contrario y posteriormente) sería tal que muchos consideran que resultaría imposible.

A pesar de este consenso, para el progreso que conseguirán los que ahora viajan a Montreal, podrían igualmente haberse quedado en casa. El motivo es sencillo: el proceso por el que se acordó en NN.UU. el tratado internacional para la reducción de las emisiones, se ha hecho de tal forma que su fracaso está garantizado.

El problema fundamental más importante es que el cambio climático está causado por la forma en que opera nuestro sistema económico y cambiar éste sólo es posible mediante profundos y radicales cambios de ese sistema.

Sin embargo, el proceso de Naciones Unidas milita contra cualquier propuesta radical que se ponga sobre la mesa, ya que son los gobiernos y agencias internacionales las únicas entidades que pueden introducir sus ideas. Los gobiernos, favorecen naturalmente aquellas ideas que encajan con sus intereses nacionales inmediatos, mientras los economistas académicos y las ONG’s autocensuran sus propuestas, ya que deben conseguir que se las aprueben los gobiernos, si aspiran a algo.

Si un gobierno encuentra una idea que le guste, buscará apoyo de otras naciones con intereses similares y desarrollará un borrador de acuerdo que pueda ser aceptado por otras naciones, rechazando o intentando corregir línea a línea.

Los países ricos tienen aquí una gran ventaja, por su experiencia y recursos diplomáticos, pero dado que las ideas redistributivas verdaderamente radicales, nunca serán puestas en marcha por la UE o por los EE.UU. ES poco probable que propongan un tratado que refleje los intereses de la mayoría del mundo. El resultado es que no existen en absoluto posibilidades de que se pueda alcanzar un tratado.

El Segundo problema con el proceso de Naciones Unidas es que, para que tenga valor, el tratado debería establecer cómo se debería asignar la cantidad tan restringida de emisiones de gases de efecto invernadero –de unos 900.000 millones de toneladas- en todo el mundo en el próximo siglo.

Ningún país se va a sentir contento con esta asignación, dad la importancia de la energía en todo lo que sucede, en particular su contribución al crecimiento económico.

El proceso de Naciones Unidas todavía reside exclusivamente en las negociaciones entre países. Como consecuencia, enfrenta a unos países con otros puesto que, si a un país se le asignan más emisiones, los otros países tendrán menos para compartir.

Las negociaciones que han tenido lugar, muestran este aspecto con bastante claridad. Los países en desarrollo, dicen que necesitan una mayor asignación, para ser capaces de igualarse con los países ricos, que son los que han causado el problema climático. Sudáfrica es un buen ejemplo. Con apenas el 0,7 por ciento de la población mundial, es responsable del 1,4 por ciento de las emisiones globales ¿Podrán reducirlas?

No, dice el gobierno. Tenemos que aumentar la cantidad de energía fósil que utilizamos y por tanto, nuestras emisiones, si queremos sacar a millones de nuestros ciudadanos de la pobreza.

La verdad, desde luego, es que existen dos Sudáfricas. Una es la de un país muy desarrollado, que debería comenzar a reducir las emisiones ya y la otra es un país pobre en desarrollo, que el sobredesarrollado está utilizando como excusa para evadir sus responsabilidades internacionales.

Algunos de los que acuden a Montreal, dicen que los países deberían recibir las raciones de emisiones en función de sus poblaciones. Otros dicen que eso sería injusto, puesto que se necesita más energía para vivir en unas partes que en otras. Un tercer grupo, encabezado por Brasil, argumenta que los países que causaron el problema climático en el pasado, deberían recibir ahora cuotas más pequeñas para compensar.

Y también hay líderes como George Bush y Tony Balir que rehuyen cualquier racionamiento a las emisiones, por el daño que creen podría hacer a sus economías.

Las negociaciones de Naciones Unidas, podrían tener más posibilidades de éxito si se pudiesen llevar a cabo sobre bases totalmente diferentes.

Supongamos que las emisiones se compartiesen, no país a país, sino persona a persona. Bajo este supuesto, cada trimestre o cada año, cada persona en el mundo recibiría un permiso sobre una ración que le habilitase para quemar la cantidad de combustible fósil que resultase de la liberación de su porción del peso permitido del gas de efecto invernadero permitido para ese año.

Por supuesto, los receptores no sólo podrían acceder al combustible en sí, sino que también podrían vender sus permisos a través de un banco u oficina de correos, como si se tratase de divisas.

Los bancos venderían los permisos a las compañías que quisiesen comprar combustibles fósiles de las minas o de los productores de petróleo y gas. Los productores a su vez tendrían que presentar los permisos a los inspectores internacionales que comprobarían que la cifra que han recibido, se corresponde con las emisiones que se liberarán por la cantidad de combustible fósil que han entregado.

Bajo este sistema individualizado, la gente cuyo estilo de vida exige mucha energía tendría que hacer cambios, independientemente de si viven en la India o en los EE.UU. y la gente que disparase su productividad con la energía fósil, tendría que pagar por el derecho a hacerlo, mediante permisos de compra de aquellos que utilizasen menos.

Este sistema no es necesariamente justo, ya que hay personas en algunas partes del mundo que simplemente intentan sobrevivir, antes de pensar en vivir de su cuota de permisos de emisión, como sus contrapartes en cualquier otro lugar del mundo.

Para hacer frente a esas circunstancias, Feasta, la Fundación para una Economía de las Sostenibilidad (Foundation for the Economics of Sustainability) para la que trabajo, basada en Dublín, ha sugerido que parte de la asignación de permisos personales pueda quedar retenida y ser ofrecida a los gobiernos para venderla, de forma que puedan conseguir fondos para colocar a sus países en una posición igual de favorable que al resto del mundo.

Pero un sistema de asignaciones basado en estas premisas, es demasiado radical para que pueda ser considerado – y menos aún, adoptado- por el proceso de Naciones Unidas. Es más, es apenas uno de los grandes cambios económicos que se requieren para resolver la crisis del clima.

Nuestras economías nacionales están estructuradas de tal forma, que si no crecemos, las inversiones se paran, el desempleo se dispara y colapsan en una profunda depresión.

Por tanto, ningún gobierno se atreverá a afrontar la crisis climática hasta que ese defecto en sus estructuras económicas se cambie.

Pero como todavía nadie habla, ni en Montreal ni en ningún foro importante en el futuro inmediato, sobre cómo se podría cambiar la estructura, no existen esperanzas de que se puedan reducir seriamente las emisiones en los próximos cinco años.

Richard Douthwaite es el autor de “La ilusión del crecimiento: Cómo el crecimiento económico enriqueció a unos pocos, empobreció a los más y puso al mundo en peligro” (The Growth Illusion: How Economic Growth Enriched the Few, Impoverished the Many and Endangered the World)

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