Bajas por la estampida por el petróleo; Michael Meacher

Michael Meacher, ex ministro de Medio Ambiente de Inglaterra, analiza el tortuoso desarrollo del recién estrenado mega proyecto del oleoducto BTC. La famosa tubería corre desde Baku en Azerbaijan en el mar Caspio, y hasta el Mediterráneo en el puerto turco de Ceyhan. Esta infraestructura, que trasladará enormes cantidades de petróleo, evita el área de influencia rusa y ha sido construida por un consorcio de compañías y entidades financieras lideradas por la empresa petrolera British Petroleum. El oleoducto, comentado antes aquí, presentó una serie de irregularidades en el ámbito medioambiental, de calidad y de derechos humanos, según indica en su artículo el sr. Meacher. La importancia de este ducto para occidente es que cuando se encuentre al cien por ciento de su operación verterá un millón de barriles al mercado mundial de crudo.

Por su interés, reproducimos a continuación una traducción del artículo publicado en The Guardian: Bajas por la estampida por el petróleo

Por Michael Meacher

Traducción: Edgar Ocampo

El enorme oleoducto, inaugurado hace apenas una semana, aunque todavía sin operar a toda su capacidad, se esta convirtiendo en una bomba de tiempo política, económica y ambiental. A través de sus 1600 kilómetros de recorrido, el oleoducto, es un claro ejemplo de las pretensiones y la responsabilidad corporativa que el consorcio BP ha pisoteado en su estampida por el petróleo. El nuevo juego, es por la competencia del control de los escasos campos de petróleo que todavía quedan. La producción mundial de petróleo probablemente llegue a su pico o cenit hacia el 2010-15, y desde hace 40 años los descubrimientos anuales se han quedado cortos para satisfacer los incrementos anuales de la demanda mundial. El fin de la era dorada del petróleo está a la vista, y con la civilización petro-energizada hemos crecido acostumbrados a el. La competencia por las reservas que aún quedan, es muy intensa, y en ningún otro lugar como en la cuenca del Mar Caspio, que tiene, probablemente el mayor deposito de petróleo después de Medio Oriente.

Azerbaijan y Kazakhstan bordean el Caspio y juntos acumulan tres veces las reservas del tamaño de las de América. La ruta mas favorable para transportar el crudo hacia el Oeste, rumbo a Europa, va de Baku en Azerbaijan, a través de Tbilisi en Georgia hacia el puerto de Ceyhan en Turquía en el Mediterráneo. El proyecto BTC tuvo un costo de alrededor de £2.4bn con la BP liderando a un grupo de 11 compañías. Casi tres cuartas partes de la inversión provienen de fondos de préstamos bancarios y organismos públicos internacionales como el Banco Mundial que prestó £350m, incluyendo £56m del Departamento Británico de Créditos de Exportación.

La BP presume que ha logrado implantar una nueva referencia de estándares en derechos humanos y normas ambientales. Quizás esto sea cierto en parte pero no como lo han intentando. El grupo de Georgia de “Green Alternative” ha recopilado considerable información acerca de que este proyecto rompe con una serie de normas, incluyendo errores al desestimar el peligro de los temblores que le pueden causar daños a la tuberia. El Ministro de Medio Ambiente de Georgia dijo también que la empresa petrolera BP forzó a su gobierno a violar la legislación para poder pasar el oleoducto cerca de una reserva natural. Casos de derechos humanos, relacionados con el oleoducto han sido retomados en contra del gobierno turco en las cortes de justicia de Europa y cortes de los derechos humanos. Otros casos reportados por organizaciones no gubernamentales, indican que los lugareños han sido desinformados sobre sus derechos, por ejemplo, se les ha dicho a la mayoría que si acuden a una corte para reclamar indemnizaciones, no recibirán ninguna compensación. Muchos otros caso han sido reportados, en el sentido de que los agricultores y granjeros han recibido sumas inferiores de compensación a las que les habían prometido, y han sido amenazados de que pueden recibir agresiones en caso de no aceptar los ofrecimientos. El caso del abogado Ferhat Kaya, que defiende a los lugareños, es otro ejemplo de la práctica intimidatoria para impulsar el proyecto. El abogado fue agredido por la policía y el supone que esto se debió a que él trata de informar a los campesinos de sus derechos para que no sean engañados.

De acuerdo con la organización no gubernamental “Coalición Baku-Ceyhan”, existen demandas serias de malversación de las autoridades en la adquisición de tierras por toda la ruta del oleoducto, en particular la expropiación de tierra antes de que estuvieran de acuerdo en las indemnizaciones, una violación de las reglas de la corporación Financiera Internacional (uno de los principales bancos que financiaron). Y cuando la construcción daño muchos caminos, drenes y sistemas de irrigación, el gobierno de Georgia se vio forzado a detener la construcción, pero después una reunión entre el presidente pro occidental de Georgia y Donald Rumsfeld, los trabajos continuaron.

Sin embargo, remediar el problema es virtualmente imposible porque el consorcio BTC había firmado ya un acuerdo inaudito con el gobierno Turco que, según la Amnistía Internacional, les otorga un poder sobre el recorrido, por encima de cualquier ley ambiental, social y derechos humanos. Este acuerdo, despoja trabajadores y gente local de todos los derechos civiles.

La BP también ha encarando las acusaciones de encubrir problemas de seguridad y de calidad que amenazan la integridad del poryecto. Las 160,000 juntas del oleoducto, necesitan ser revestidas para evitar que el agua penetre al tubo, de lo contrario, el acero se corroerá, y puede dejar escapar gases que pueden explotar a temperaturas por debajo de los cero grados. La BP eligió un recubrimiento sin tratamiento para las juntas que se quiebra con el frío y no se adhiere correctamente al recubrimiento de la tubería de metal. También se alega que la BP era conciente de que el revestimiento no trabajaría correctamente, porque su propio consultor, Derek Mortimore, lo indicó en Noviembre del 2002, en vez de atender el reporte, BP lo presionó y no consideró las advertencias de Mortimore de que no pasaba las normas Internacionales y archivo el documento en Enero de 2003.

Las juntas se quebraron en Noviembre de 2003, y por lo menos un cuarto de las juntas de la sección de Georgia tuvieron que ser remplazadas. Este problema es razón de una acción legal, la BP culpa a los sub-contratistas, quienes a su vez reclaman a la BP el haber presionado para utilizar el mencionado revestimiento. La BP suspendió los trabajos durante 10 semanas, nuevamente sin informar al Banco Mundial, al Banco Europeo para la Reconstrucción y desarrollo, de los problemas antes de aceptar un préstamo por $2.6bn, en lo que parece ser una violación a los acuerdos financieros. La BP se negó a entregar los resultados de las investigaciones en la defraudación de adquisiciones, el cual exonera a todos los involucrados.

Es claro que ni el Banco Europeo ni otras entidades de financiamiento formularon nuevas acusaciones o emprendieron nuevas investigaciones para asegurar el proceso y la seguridad del proyecto. El ministro del Banco Europeo, dijo al parlamento en Junio de 2004, para disuadir acusaciones, que el recubrimiento problemático, fue también usado en otros oleoductos importantes en condiciones similares sin tener los registros en el recubrimiento plástico, tal y como se uso en el proyecto del BTC sin que se presentaran anomalias.

Las lecciones de este pasmoso acontecimiento son muchas, primero que necesitamos inmediatamente una auditoria independiente al oleoducto BTC designado por los organismos que financiaron el proyecto. Segundo, que es necesaria una investigación judicial a la supervisión del proyecto. Y tercero, que se necesitan reformas para que a las compañías internacionales se les puedan fincar responsabilidades legales por sus acciones medioambientales, sociales y civiles. Ellas deben ser responsables directas de las acciones de su personal o sub-contratistas, y las acciones legales en contra de compañías Inglesas deben ser juzgadas en las cortes de Inglaterra. Donde el gobierno no actúe, las organizaciones no gubernamentales deben presionar para que se creen acuerdos legales y de derechos, financiados con fondos públicos para proteger el interés social.