El gobierno argentino crea Enarsa para superar el desabastecimiento energético

El Inter Press Service News Agency informa de la nueva política energética del gobierno argentino, consistente en una vuelta a las empresas públicas en el sector energético. El artículo, firmado por Marcela Valente, se titula El estado se repliega dentro del mercado, y lo ofrecemos a continuación: El estado se repliega dentro del mercado

BUENOS AIRES, 25 de octubre (IPS) – Una década después de la controvertida privatización de las industrias argentinas del gas, el petróleo y la electricidad, el estado está escenificando una vuelta al sector energético con una nueva compañía creada para influir en un mercado controlado principalmente por un puñado de compañías extranjeras.

Después de cinco meses de debate, el congreso aprobó la semana pasada una ley introducida por el presidente del gobierno Néstor Kirchner para crear la compañía ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima).

EL 53% de las acciones de esta nueva firma estarán en manos del estado, el 12% será propiedad de las provincias y el restante 35% pertenecerá a inversores privados.

El economista Aldo Ferrer, futuro director de la nueva compañía, dijo a IPS que Enarsa "va a salir con toda la autoridad necesaria para influir en cada eslabón de la cadena energética. Si hace un buen trabajo y sus proyectos son de alta calidad, llegará a ser una gran compañía."

Según el cuarto artículo de la nueva ley, Enarsa tendrá la capacidad de "intervenir en el mercado para prevenir situaciones de subidas abusivas por parte de la posición de monopolio u oligopolio" de las compañías.

"Una compañía dirigida por el estado siempre es un factor influyente para la reestructuración del mercado", dijo Ferrer.

La idea de crear esta nueva empresa fue anunciada el mayo pasado como parte de las medidas que el gobierno de centro izquierda está realizando para manejarse con la crisis energética, cuyos efectos ya se están notando desde abril cuando comenzaron a producirse restricciones en el suministro de gas natural y de electricidad.

Durante los años noventa, el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) privatizó la mayoría de las empresas públicas argentinas, incluidas las de bienes como el agua, la electricidad, el gas y las telecomunicaciones, incluyendo también la compañía petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

YPF fue la tercera empresa petrolífera estatal sudamericana más grande, después de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la brasileña Petrobras. Pero hace 11 años se puso en venta y fue adquirida por el grupo español Repsol.

Después de casi cuatro años de recesión y un completo colapso, la economía argentina, que es la tercera más importante de América latina, comenzó su recuperación a comienzos del 2003.

Como resultado de esto creció la demanda de gas natural, usado para generar tanto la electricidad de las industrias como de las áreas residenciales. Un año después han comenzado los primeros cortes de suministro.

Kirchner acusó a las compañías privatizadas de gas natural de invertir sólo en gaseoductos para llevar el combustible a otros mercados más provechosos en el extranjero, en vez de preocuparse de asegurar el abastecimiento del mercado local y expandir las áreas ya cubiertas por la red local, tal como estipula la ley nacional sobre hidrocarburos.

La caída en el abastecimiento está ralentizando la recuperación de la actividad económica y provocando tensiones con Chile, el principal comprador del gas natural argentino, porque la administración Kirchner ha restringido las exportaciones a pesar de la resistencia ofrecida por las compañías gasísticas.

El gobierno decidió crear Enarsa con el telón de fondo del desabastecimiento, para explorar, producir, generar, transportar y distribuir petróleo en el mercado, gas natural, electricidad, carbón, energía nuclear y recursos alternativos. Y todo esto para vender energía tanto en el mercado doméstico como en el internacional.

Además, la compañía poseerá los permisos para explorar y explotar todas las concesiones en alta mar que todavía no hayan sido concedidas.

"Todos los países tienen al menos uno o dos elementos que aseguran el control de los recursos energéticos", dijo Ferrer. "El primero es un marco regulador de sector, el segundo es una compañía que lo permita". Argentina volverá a tener de nuevo los dos.

La ley que ha permitido crear Enersa ha provocado críticas y encendidos debates. Los juristas favorables a políticas de libre mercado han argumentado que la creación de una empresa propietaria del estado representa una vuelta a los años noventa, cuando las empresas públicas fueron privatizadas bajo los argumentos de que generaban pérdidas y eran ineficientes.

Mientras tanto, los legisladores de centro izquierda han aplaudido la fundación de Enarsa, a pesar de algunas voces desconfiadas. El diputado parlamentario Claudio Lozano, que pertenece al sindicato Central de Trabajadores Argentinos (CTA), expresó su preocupación sobre el proyectado futuro crecimiento del sector privado en el accionariado de la empresa.

Si se encogiera la proporción de acciones en propiedad del estado, como ocurrió con las empresas que siguieron el camino de la privatización, el capital privado de Enersa podría de nuevo conseguir el acceso a las perforaciones de alta mar, que es justo donde se encuentra su actual límite.

Por esta razón, entre las modificaciones propuestas sobre la versión original de la ley, Lozano propuso que se incluyera la obligación de que el estado mantuviera el control mayoritario sobre las acciones de la compañía, pero sólo ha sido admitida una pequeña y débil versión de esta cláusula.

La creación de Enarsa también fue apoyada por los miembros de MORENO, el MOvimiento por la Recuperación Energética sOberana de Argentina, que desea que las compañías energéticas vuelvan a manos del estado bajo el fundamento de que los hidrocarburos son un recursos estratégico. No obstante, el grupo criticó algunos aspectos de esta nueva ley.

Gustavo Callejas, un miembro de MORENO, comentó a IPS que la nueva compañía debía ser propiedad del estado en su totalidad.

Además dijo que debía recibir no sólo las áreas que todavía no han sido concedidas, sino también las que ya han sido licitadas y cuyas concesiones han fracasado en ser programadas según los términos de sus contratos, situación que describe, bajo su punto de vista, la mayoría de las concesiones.

Estas compañías son la española Repsol, el mayor exportador de las reservas de gas y petróleo de Argentina, Petrobras del vecino Brasil, Pan American Energy (que incluye British Petroleum – Amoco y la compañía argentina Bridas), la francesa Total y otra firma argentina, Techint.

"Mientras estas compañías controlen el negocio, un barril de petróleo, que cuesta $4.5 producir, se venderá por 30, 40 o 50 dólares en el mercado interno, en línea con los precios internacionales", dijo Calleja en tono de queja.