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Cerca de la ciudad de Juchitán de Zaragoza, en Barra Santa Teresa, se sitúa un nuevo proyecto al que se oponen los locales, comuneros y pescadores de San Dionisio del Mar y Juchitán por afectar a su modo de vida y al medio ambiente (afectaría a 5,000 pescadores ikoots y zapotecas que subsiten gracias a la pesca). La negación de los locales es razón suficiente para su no desarrollo y como norma internacional, el proyecto debería ser precedido por una consulta popular que no ha tenido lugar. Este proyecto se sitúa, como los demás implantados en Oaxaca, en tierras ejidales o comunales. Las transnacionales y las instituciones sacan ventaja del sistema de propiedad de estas tierras para imponer sus proyectos.
Las compañías y la policía se aprovecharon de que el 31 de octubre y 1º de noviembre son fechas muy importantes en México por ser el Día de Todos los Santos, para escoltar e introducir los trabajadores en la zona que hasta entonces bloqueaba los activistas.
El 1 de noviembre, los y las ejidatarios(as) de la colonia Álvaro Obregón, se mantenían en el bloqueo para evitar que se continuara con los trabajos de expansión del proyecto eólico. Pero a la mañana del 2 de noviembre un grupo de policías estatales, auxiliares y los mismos empleados de la empresa Mareña Renovables1, disolvieron violentamente a los pescadores y ejidatarios binni’zaa (zapotecas) disparando balas y gas pimienta indiscriminadamente sobre mujeres, jóvenes y personas de edad avanzada, y golpeando a varios de los presentes, incluyendo mujeres en estado de embarazo. La policía detuvo a 9 comuneros, entre los cuales figuran 2 mujeres, sin facilitar ninguna información sobre identidad ni paradero.
El 30 de octubre fue el día también elegido por el gobierno mexicano para dar su inequívoco apoyo a la implantación transnacional y enérgetica en el Istmo. Ese día el presidente Felipe Calderón inauguró in situ como antes ya hicieran sus predecesoreslos parques eólicos Oaxaca I, II y La Venta III, y el de Piedra Larga (333 GW/h anuales con 45 aerogeneradores de Demex (filial de Renovalia Energy de España) y el Grupo Bimbo) y anunció el de Sureste 1. El confirmó así que los mega-parques eólicos son interés nacional, y confirmó la claudicación de este gobierno al poder corporativo y la indefensión y expolio de sus propios pueblos, incluidos los indígenas. La Venta III ya fue inaugurada este año y está operativa, pero ésta fue la inauguración oficial.
Antecedentes
Los anteriormente mencionados hechos deben ser sitúados en un contexto de continuo hostigamiento a las comunidades opuestas a los proyectos eólicos. El 8 de octubre aumentó la tensión en San Dionisio del Mar debido a que el bloqueo contra las transnacionales coincidía con la fiesta patronal en la que se da un fuerte consumo de alcohol.
Así en octubre una caravana de paz en Solidaridad con la Resistencia del Pueblo Ikojts se puso en marcha para apoyar a esa comunidad que estaban sufriendo violencia y para facilitar alimentos que se les estaba denegando. La caravana y en concreto sus integrantes Bettina Cruz y Carlos Beas sufrieron amenazas el 6 de Octubre por un grupo priísta. Carlos Beas (UCIZONI) también recibió amenazas de muerte el 7 de octubre. "El 10 de octubre unos 80 individuos, muchos de ellos drogados y alcoholizados`portando piedras, palos, garrafas de gasolina, machetes e incluso armas de fuego impidieron de manera violenta el paso de la Caravana"2. La Caravana la integraban 13 vehiculos y unos 150 representantes indìgenas y de organizaciones sociales3 así como de observadores internacionales.
La Caravana cambió de ruta para evitar a los atacantes que bloqueaban el acceso y la confrontaciòn. Pero cuando se dispuso a ingresar a la comunidad de San Dionisio, los atacantes (matones pagados por Mareña Renovable y pertenecientes a la CTM (Confederación de Trabajadores de México, sindicato priista)4 bloquearon de nuevo el paso de vehìculos con piedras, agrediendo y profiriendo insultos a las dos primeras unidades. El bloqueo de la caravana se alargó por una hora ante los ojos de màs de un centenar de policìas estatales desplegados que no hicieron nada por mediar ni apaciguar. La caravana se tuvo de dar la vuelta e intentar llevar los alimentos el día después
Las amenazas en Oaxaca deben tomarse en serio. No en vanol el 27 de abril 2010, también en una caravana en solidaridad como la de ahora que pretendía entrar al municipio autònomo de San Juan Copala fueron asesinados las activistas Betty Cariño y Jyri Jaakkol, que se oponían al control transnacional en Oaxaca y como parte de éste, también a la proliferación de parques eólicos en Oaxaca.
Pero el conflicto en en San Dionisio del Mar se remonta más lejos. El 23 de agosto la empresa Mareña Renovables intentó ingresar a la comunidad agrediendo a los ejidatarios. La compañía accedió desde una comunidad vecina derribando manglares, causando indignación en la población. Después de que la empresa aceptara mala comunicación (25 septiembre), al día siguiente, intentó ingresar nuevamente para proseguir con los trabajos. El 29 de Septiembre un grupo de unos 20 individuos encabezados por un agente municipal intentó agredir a comuneros. El 30 de Septiembre una camioneta conducida por un asesor del presidente municipal embistió a tres comuneros que iban de camino a casa tras una asamblea.
El conflicto social de los mega-parques eólicos se remonta al inicio del desarrollo eólico en Oaxaca que data de 1994. En el 2007, unos 500 indígenas de las distintas naciones del Istmo ocuparon en la ciudad de Matías Romero (Oaxaca) la Delegación de Gobierno, el Juzgado y la Agencia del Ministerio Público en protesta por atropellos relacionados con la implatación de estos mega-parques. Matones atacaron también a comunidades que se oponían al parque eólico de La Venta IV.
De la misma forma tenemos que tener en cuenta el gran nivel de conflicto que vive y ha vivido Oaxaca en los últimos años, junto con Chiapas de los más altos del país. Conflictos que tienen que ver con la composición étnica con más de 16 grupos étnicos, y el control de la Tierra y recursos (agua, viento, producción etc). Los últimos años se caracterizaron por el gobierno del príista Ulises Ruiz desde el 1 de diciembre de 2004 hasta el 30 de noviembre de 2010. Desde un inicio este gobernador encendió el conflicto porque su elección fue denunciada como un fraude, para luego iniciar los conflictos: el educacional con APPO, irregularidades financieras de más de 60 millones de euros, responsabilidad de asesinato de activistas (Sergio Martínez (CODEP), Betty Cariño, Jyri Jaakkol, Luis Enrique Martínez Cruz, atentado que sufrió Juan Domingo Pérez Castillo, líder histórico del Movimiento Único de Liberación y Lucha Triqui,Bernardo Vázquez y Catarino Torres, los campesinos de Yosotato, el mixe Eduardo Feliciano etc) o atentados como el que sufrió el líder del Movimiento Único de Liberación y Lucha Triqui, Juan Domingo Pérez Castillo.