Crisis Energética Foros

LUIS MIGUEL DEL BARRIO | MADRID
Sábado, 28-03-09
¿El Gobierno se ha olvidado del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos, que debería estar construido -es más: operativo- el 1 de enero de 2011, con el fin de no pagar a Francia a partir de esa fecha 60.000 euros diarios? ¿Puede ser que no se haya olvidado del asunto, pero que lo haya aparcado por su cuenta y riesgo, sin comunicarlo ni siquiera al Congreso de los Diputados? ¿Y si ni lo ha olvidado ni lo ha aparcado, por qué, entonces, el Ministerio de Industria no ha publicado aún el pliego de condiciones en el que se deberían detallar las condiciones concretas y necesarias para su ubicación? ¿Cómo, si no, podrán presentar sus candidaturas los Ayuntamientos que deseen albergar en su término municipal el dichoso ATC?
Son preguntas, en fin, que el Gobierno quizás tendría que responder con urgencia, pues los expertos calculan que el ATC tardará en construirse al menos cuatro años, y eso supone que, como mínimo, no estará listo hasta 2013, es decir, tres años después del 31 de diciembre de 2010, la fatídica fecha en la que expira el plazo para que retornen a España, desde la vecina Francia, los residuos de alta actividad de la central nuclear de Vandellós I.
Cada día que pase a partir del 11 de enero de 2011, el coste a pagar a Francia por albergar nuestros residuos radiactivos será de 60.000 euros (sesenta mil, sí), lo que, con sólo multiplicar esa cantidad por los 365 días que tiene un año, suma casi 22 millones de euros (exactamente 21.900.000). Si esta última cifra se multiplica a su vez por los tres años de retraso ya mencionados, el resultado ascendería a 65.700.000 euros, es decir, casi la décima parte del coste total del ATC, que en estos momentos se estima por parte de los expertos en torno a los 800 millones de euros. En esta cantidad ya está incluida no sólo la inversión prevista en la construcción del ATC, sino también en el Centro Tecnológico y en el Parque Empresarial, que son las tres patas que componen el denominado Parque Tecnológico previsto por Enresa, la empresa pública española que se hace cargo de la gestión de los residuos radiactivos y del desmantelamiento de las instalaciones nucleares.
«Alarmante inmovilismo»
Así las cosas, la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) acusa al Gobierno de «alarmante inmovilismo» con el tema del ATC. ¿Por qué? Sencillamente, porque, tal y como recuerda dicha asociación, «el Ejecutivo, en los sucesivos Planes Generales de Residuos Radiactivos, y en particular en el VI Plan General de Residuos Radiactivos, que fue aprobado en junio de 2006, se decantó por la solución de un ATC», basándose en «consideraciones estratégicas, económicas y de seguridad».
los expertos calculan que el ATC tardará en construirse al menos cuatro años
Aunque dicho plan general no prevé almacenes temporales individuales como alternativa al ATC, la indecisión gubernamental ya obligó a Enresa en abril del pasado año a abrir el proceso para la construcción de un almacén temporal individual en Tarragona, que debería estar plenamente operativo a principios de 2011 para albergar los residuos nucleares de Ascó I y II. Tarragona, por tanto, parece que seguirá los pasos de las centrales nucleares de Trillo y Zorita, donde también se ha tenido que recurrir a la solución de un almacén temporal individualizado, «al aire libre» y «sobre una losa de hormigón dentro del recinto de la central nuclear», tal y como subrayan fuentes de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares, que de este modo ponen al descubierto la diferencia de seguridad que, al menos en teoría, existe entre un almacén individual (o sea, el ATI) y uno centralizado (el ya famoso ATC).
De ahí que en esta asociación no entiendan cómo no se opta, de una vez por todas, por la solución del ATC, «autorizado para un periodo de sesenta años, aunque está diseñado para cien», según confirman a su vez fuentes autorizadas de Enresa, donde recuerdan que «gestionar los residuos radiativos mediante una instalación como ésta es la solución que han adoptado la mayoría de los países desarrollados». De hecho, almacenes centralizados para los residuos nucleares, con tecnología similar al que está previsto construir en España, ya existen en países tales como Alemania, donde hay dos, Bélgica, Francia, Holanda, Suecia, Suiza y Estados Unidos.
Se trata de una «instalación pasiva» que, según aseguran en Enresa, «no produce enrgía ni se dan en ella reacciones nucleares», por lo que se puede ubicar en cualquier zona, salvo en los núcleos urbanos o en las zonas montañosas. Además, Enresa subraya que no es contaminante («no produce gases, ni humos, ni procesos químicos»), y aclara que «hasta ahora estos materiales permanecían en las piscinas de las centrales, pero, al igual que en el resto de países avanzados, se ha optado por una solución integral».
Se trata de una «instalación pasiva» que, según aseguran en Enresa, «no produce enrgía ni se dan en ella reacciones nucleares»
A la vista de todo ello, en la AMAC no entienden «la pasividad del Gobierno durante estos dos últimos años», pues el 28 de febrero de 2007 concluyó el periodo informativo abierto un año antes por la Comisión Interministerial encargada del proceso de selección del emplazamiento del ATC y su Centro Tecnológico asociado. ¿Por qué a estas alturas, se preguntan en dicha asociación, «el Gobierno continúa sin abrir la convocatoria para albergar el almacén temporal centralizado de residuos radiactivos de alta actividad?».
Como no obtiene respuesta, la Comisión Directiva de AMAC confirma a ABC que ha decidido «personarse como parte interesada en cualquier proceso de licenciamiento de ATI que inicie, y requerir al Gobierno de España que fije un calendario transparente para la construcción del ATC». Y es que, en su opinión, los municipios incluidos en la AMAC «son las únicas instituciones en este país que han trabajado seriamente para dar una solución participativa y tranparente a la gestión de los residuos radiactivos».
Por ello, concluyen en dicha asociación, «AMAC no va a tolerar los ATI, que en ningún caso han sido aprobados en el Plan General de Residuos Radiactivos, que no han sido consensuados con el mundo local y que tan sólo responden a la falta de decisión que este Gobierno ha practicado reiteradamente en materia de gestión de residuos radiactivos».