¿Un buen negocio?

Buscar petróleo en Baleares y Canarias solo reporta a España 70.000 € al año

El ministro de Industria se ha erigido en el mayor defensor de las prospecciones petrolíferas en aguas españolas vendiendo lo bueno que sería para el país. La ley fija un canon de superficie de 0,07 euros por hectárea y año que las empresas a las que Industria otorgó la concesión de investigación de hidrocarburos han de pagar al Estado. Tienen la primera autorización, pero no se podrán iniciar los sondeos acústicos, muy criticados por su impacto ecológico, hasta obtener los permisos ambientales.

José Manuel Soria quiere encontrar petróleo. Tan obstinado parece el ministro de Industria, Energía y Turismo en llevar a cabo prospecciones petrolíferas en aguas españolas que se olvida del proceso administrativo reglamentario y defiende públicamente los proyectos aún en estudio siendo en ocasiones poco o nada riguroso. Soria insiste en lo bueno que sería para España encontrar hidrocarburos dada la dependencia energética del país, pero el negocio es cuanto menos cuestionable dados los riesgos que entraña. Los yacimientos de hidrocarburos en el subsuelo del mar territorial y de los fondos marinos que estén bajo la soberanía del Reino de España son considerados bienes de dominio público estatal, pero el beneficio económico directo para España no va más allá del canon de superficie que la empresa a la que se le da la concesión para la investigación y posteriormente la explotación de hidrocarburos ha de pagar al titular. Así, con arreglo a la Ley 34/1998, cuya última modificación se produjo el 27 de diciembre de 2013, las empresas con autorización de Industria para realizar sondeos acústicos en busca de petróleo bajo el lecho marino deben pagar 0,07 euros por hectárea y por año al titular del dominio público, esto es, el Estado español.