Industria regula el fraude fotovoltaico tres años después de propiciar su boom

Este viernes, el último consejo de ministros del curso político aprobará un Real Decreto de ‘trazabilidad’ por el que investigará a 800 megavatios (MW) de instalaciones sospechosas de estar en condiciones irregulares, es decir, cerca de una cuarta parte de los 3.300 MW inscritos bajo el régimen especial del Real Decreto 661/2007, el controvertido marco regulatorio de primas que alentó el boom del sector.

Han tenido que pasar tres años y dos meses para que el Ministerio de Industria ponga coto a las irregularidades y excesos que su propia regulación provocó en el sector de las energías renovables fotovoltaicas.

Antes que abordar el posible recorte de primas, incluso su carácter retroactivo, o la limitación de las horas de producción por cupos, la Secretaría de Estado de Energía se ha propuesto recortar costes de la tarifa eléctrica asociados a las renovables por el camino de los posibles fraudes realizados en el fotovoltaico. A estas alturas, después casi medio año de incertidumbre absoluta, el regulador pedirá a las plantas sospechosas documentación de aduanas, facturas, certificados de instalación, fotografías o cualquier documento que pueda demostrar que la planta funcionaba correctamente en el momento de su inscripción.