El verdadero debate nuclear

El debate sobre la energía nuclear sigue de actualidad, especialmente en España, debido a la polémica sobre el cierre de la central nuclear de Garoña. La central está a punto de cumplir 40 años de vida y produce el 1,4% de la electricidad consumida en España.

El Consejo de Seguridad Nuclear, un ente independiente del Estado y que es el único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, se pronunció este mismo mes de manera afirmativa sobre la renovación de la autorización de explotación que permitiría a Garoña una prórroga en su funcionamiento hasta 2019 siempre que se respeten una serie de límites y condiciones.

Entre las condiciones para la renovación se incluyen la instalación de un nuevo sistema de tratamiento de gases radiactivos en caso de accidente, la mejora de los diversos grupos de aislamiento de las penetraciones de la contención, la mejora de la independencia de equipos y circuitos eléctricos y también la mejora de la protección contra incendios de equipos y sistemas de seguridad. El Consejo añadió además una serie de instrucciones técnicas complementarias para mejorar algunos aspectos relativos a su diseño, como mejoras en la instrumentación de medida de gases combustibles en la contención o una prueba de funcionamiento prolongado de los generadores diesel de emergencia, en condiciones próximas a la temperatura máxima de diseño.

Organizaciones como Amigos de la Tierra, WWF, Greenpeace, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife han criticado la decisión del CSN, argumentando que prima los intereses de la industria nuclear y no tienen en cuenta los graves problemas técnicos que según los activistas antinucleares padece la central de Garoña. Entre estos problemas técnicos se encuentran el grave estado de agrietamiento múltiple por corrosión que afecta a elementos de la vasija del reactor y otros elementos del circuito primario, problemas de la ventilación de emergencia de la contención y el estado del cableado eléctrico. Aunque ni los operadores de la central ni el CSN hacen referencia alguna a las grietas que los activistas han denunciado, de la lectura de la lista de los condicionantes que pone el CSN como requisito para la confirmación de su dictamen se deduce que Garoña no ha disfrutado de unas condiciones de operación óptimas hasta ahora. Es decir, se piden mejoras que ya deberían haber sido introducidas y que se proponen como condición para una prórroga en su funcionamiento.

La cuestión se ha convertido también en política. En su programa electoral de 2004, el partido que gobierna hoy en España, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se comprometía a:

sustituir de forma gradual la energía nuclear en España por energías seguras, limpias, y menos costosas, cerrando las centrales nucleares de forma ordenada en el tiempo al final de su vida útil, dando prioridad a la garantía de seguridad y con el máximo consenso social, potenciando el ahorro y la eficiencia energética y las energías renovables, la generación distribuida y las redes de transporte y distribución local.

La polémica gira en torno al significado de “vida útil”, ya que se puede interpretar como el periódo para el que fueron originalmente construidas o bien, como de hecho propone el CSN en su dictamen, un periódo ampliado después de la aplicación de mejoras y refuerzos en el diseño y la seguridad.

Dada la politización del debate, es difícil que los datos lleguen a la ciudadanía exentos de sesgo. De eso habla precisamente un artículo publicado hoy en el diario español El País: "Mentiras atómicas". En el artículo se destacan informaciones que según el autor son incorrectas o parciales, y que provienen de ambas orillas del debate nuclear.

 Del lado antinuclear, Ladislao Martínez (Ecologistas en Acción) afirma por ejemplo que algunos activistas no reconocen ciertas realidades, como la tendencia en todo el mundo a alargar la vida útil de las centrales nucleares. En el artículo también se califica como falacia que se puedan cerrar todas las nucleares y señala que la Fundación Ideas propone un cierre cuando hayan cumplido los 40 años, pero que eso “actualmente es inviable”. Según el artículo, los que equiparan el precio de la electricidad eólica a la nuclear también caen en la falacia, ya que no se tienen en cuenta las primas. Este punto se precisa con argumentos en sentido contrario, introduciendo la incertidumbre del coste de tratamiento de los residuos, que no está resuelto. Otra cuestión que se trata con cierta ambigüedad, quizás necesaria cuando se tienen en cuenta factores variables, es la de si la nuclear, como sostienen algunos colectivos antinucleares, frena el avance de las renovables. El artículo afirma que la incompatibilidad es más simbólica que real, pero que a medida que aumente la contribución eólica esta incompatibilidad aumentará.

Del lado pronuclear, destaca El País la mentira de la dependencia eléctrica nuclear española respecto a Francia, un bulo que el ex presidente del gobierno español Felipe González, entre otros, ha repetido una y otra vez. El actual presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, contesta esa afirmación insistiendo en que España exporta el equivalente al triple de la electricidad producida en Garoña.

También se ha afirmado que el cierre de Garoña encarecerá la factura eléctrica. De hecho, el cierre haría aumentar mucho los beneficios de los encargados de la explotación de Garoña, ya que esta está ya amortizada (gracias entre otras cosas a unas condiciones de financiación durante su construcción blindadas contra los vaivenes de la demanda y los mercados cuyo coste hemos pagado todos los contribuyentes y consumidores). Según el texto de El País la electricidad que produce Garoña se cobra al mismo precio que la que producen las centrales de gas natural y por tanto su cierre no significaría un aumento de la tarifa.

Respecto de la moratoria nuclear española, quizás el mito más extendido acerca de la nuclear española, el artículo de El País ayuda a desvelar una curiosa circunstancia: que es un mito útil para el sector pronuclear pero también para algunos sectores antinucleares. Así, los primeros ven en la supuesta moratoria el freno que siempre ha impedido una mayor expansión de la energía nuclear en España mientras que los segundos pueden hacer gala de su compromiso ecológico basándose en su adscripción a una decisión que tuvo motivos económicos más que ideológicos. Así lo ha afirmado con anterioridad el ex ministro de industria José Manuel Echegaray (Cuadernos de la Energía 2008), entrevistado también para el artículo de El País:

Es conocido que en pleno proceso de transición democrática el sector público tuvo que rescatar financieramente a las empresas eléctricas del país, que se habían embarcado en un proceso de inversión faraónico, derivado de una planificación delirante, en absoluta contradicción con las necesidades constatadas de la demanda eléctrica en España. La preferencia por la energía nuclear contenida en aquellos planes puso en marcha la construcción de más grupos nucleares de los razonablemente necesarios, lo que llevó, por razones mucho más financieras que de cualquier otro tipo, a la llamada moratoria nuclear a partir de 1982. Los costes de la paralización de proyectos de construcción en curso, así como el saneamiento financiero de las empresas, recayeron sobre los consumidores durante largos años, mediante recargos en el recibo de la luz.

 La moratoria, por tanto, no fue tanto una prohibición como un rescate del sector. En todo caso, y desde 1997, existe una ley (conocida como Ley del Sector Eléctrico de 1997 o Ley Piqué, fichero PDF, 418KB) que liberaliza el sector, dejando en manos del mercado las decisiones sobre nuevas instalaciones, filosofía que queda muy clara en la exposición de motivos de la misma ley:

No se considera necesario que el estado se reserve para sí el ejercicio de ninguna de las actividades que integran el suministro eléctrico. Así, se abandona la noción de servicio público.

 En la generación de energía eléctrica, se reconoce el derecho a la libre instalación y se organiza su funcionamiento bajo el principio de libre competencia.

Por tanto, no se puede atribuir a la moratoria que no se hayan construido nuevas centrales nucleares en España. Lo que echan de menos los sectores pronucleares no es el levantamiento de una prohibición, sino una implicación del estado que contravendría el espíritu de la ley vigente del sector eléctrico. Eso es precisamente lo que pide el Foro Nuclear en su propuesta para la construcción de nuevas centrales:

Remover obstáculos político-institucionales y cambiar (rediseñar) un nuevo marco regulatorio para el sector eléctrico en general y para la producción con combustible nuclear, en particular, constituye, por tanto, el primer paso para la activación de la hipótesis energética sobre la que aquí se trabaja.

 

(…)

 que los sujetos políticos asuman la necesidad del desarrollo de la energía nuclear, otorgando carácter estratégico, como política de Estado, tanto a la seguridad de suministro eléctrico como al combate contra el cambio climático.

Anteriormente, el ex presidente del Foro Nuclear se había expresado en términos semejantes, aunque de manera más explícita:

La opción nuclear no es una opción de empresa. Es una opción de país. [Y] si se quiere que se hagan instalaciones nucleares (...) la sociedad española tendrá que establecer los mecanismos de pago, de seguridad jurídica [y] compensación de esas decisiones.

Sigue el artículo de El País con más “mentiras atómicas”. Por ejemplo, la de que se está dando a nivel mundial un “renacimiento nuclear”. Se trata más bien de un ejercicio de relaciones públicas en el que pesan más las declaraciones de intenciones que las realidades. Sucedió así, por ejemplo, cuando Francia e Italia anunciaron un acuerdo para estudiar la viabilidad de la construcción de cuatro centrales nucleares en Italia. Se anunció el mismo día que la empresa pública francesa AREVA anunciaba una fuerte disminución de sus ingresos debido a su participación en la construcción del nuevo reactor Olkiluoto 3, plagado de sobrecostes y retrasos.

También se anunció a bombo y platillo la apuesta británica por la nuclear, cuando en realidad lo que ha hecho el gobierno británico es publicar un libro blanco, Meeting the Energy Challenge. A White Paper on Nuclear Power, (fichero PDF, 0,9MB)  en el que se clarifica el proceso a seguir y donde se asegura que aunque se ayudará a que el sector tenga la estabilidad regulatoria suficiente, no se emplearán fondos públicos para la construcción ni para el decomisionado o tratamiento de los residuos. La compañía Centrica, que ha comprado un 20% de British Energy a Électricité de France (EDF), ha anunciado que invertirá junto a EDF en la construcción de cuatro nuevas centrales nucleares en Gran Bretaña, una propuesta a todas luces insuficiente para que el parque nuclear británico, uno de los más antiguos del mundo, pueda ni siquiera mantener su contribución al sistema eléctrico en el futuro.

Como menciona el artículo, la mayoría de centrales nucleares en construcción están en países como China, India y Rusia, donde son financiadas por el estado. De las 47 centrales en construcción, 12 se están construyendo en China (que pretende alcanzar el 3% de generación eléctrica nuclear en 2030), 8 en Rusia, 6 en India, 5 en Corea del Sur, 2 en Ucrania, en Japón y también en Eslovaquia, y 1 en cada uno de estos países: Finlandia, Francia, Irán, Pakistán y Estados Unidos.

 La actividad constructora de centrales nucleares en el mundo no permite afirmar que se esté produciendo un renacimiento nuclear. De hecho, una actualización (fichero PDF, 223KB) del informe sobre energía nuclear del MIT afirma todo lo contrario. Y eso es así a pesar de que el informe del MIT, que data de 2003, recomendaba ampliar la capacidad de generación eléctrica nuclear en el mundo de los 340GW a los 1000GW en 2050, pasando la contribución nuclear del 16 al 20% en la generación eléctrica mundial. Es decir, la actualización afirma que su propuesta no está progresando y por tanto no cabría hablar de renacimiento.

En la actualización del informe se constata que a pesar de las declaraciones de intenciones existen muy pocos proyectos de nueva construcción fuera de China e India, y que incluso si todos ellos fuesen completados el objetivo propuesto en el informe original quedaría aún muy lejos.

Aunque el informe señala algunos desarrollos positivos, especialmente en los EE.UU, como la presentación de 17 propuestas para nuevas plantas o que se han prorrogado la vida de la mitad de las centrales nucleares estadounidenses, deja claro que es necesario hacer mucho más si se quiere evitar el declive de esta tecnología energética.

Si en 2003 el MIT afirmaba que era necesario reducir costes para hacer más competitiva esta energía, en 2009 señala que los costos de construcción se han incrementado en un 15% anual desde 2003, lo que redundaría en la baja competitividad económica de las nuevas centrales. En suma, de los cuatro problemas identificados por el MIT en 2003 a los que se enfrenta la energía nuclear (coste, seguridad, gestión de residuos y proliferación), solo en dos, la seguridad y el suministro de uranio, se ha avanzado suficientemente (y aún así hay quién discrepa, especialmente en la cuestión del suministro de uranio).

Volviendo al artículo de El País, este valora también los costes de la energía nuclear, introduciendo un concepto importante muchas veces olvidado: que el coste de tratar los residuos nucleares y el completo desmantelamiento de las centrales, y por tanto, la posibilidad de realizar un análisis de ciclo de vida completo, es desconocido hoy en día. Y sin análisis del ciclo de vida completo todas las comparaciones de costes con otras fuentes energéticas son solo estimaciones poco fiables. 

Aún así, existen diversas estimaciones del coste de las nuevas instalaciones nucleares. Mientras que la propuesta del Foro Nuclear español calcula que cada grupo de 1GW costaría 3.000 millones de euros (esta era la estimación inicial del reactor finlandés, que aunque es un reactor de 1,6GW estaba presupuestado originalmente en 3,2 millardos de euros y que por el momento padece sobrecostes de un 50%), la actualización del informe del MIT dobla las cifras del informe de 2003 hasta los 4.000 $/kW. Por su parte, el libro blanco presentado por el gobierno británico presenta la cifra de 2.000 $/kW. El Moody's Investor Service, ya en 2007 presentaba una cifra que parecía más realista, teniendo en cuenta la experiencia finlandesa y las nuevas cifras del MIT: entre 5.000 y 6.000 $/kW. Cifras recientes de la compañía Florida Power & Light, recogidas en un informe sobre los costes y los riesgos financieros de la construcción de nuevas centrales (fichero PDF, 337KB), apuntan a un rango entre los 3.596 y los 4.540 $/kW. La tendencia parece clara, los estudios más recientes y con mayor grado de independencia apuntan a costes crecientes para los nuevos kW nucleares.

El artículo que firma Rafael Méndez en El País es quizás el más completo y realista que se ha publicado últimamente en la prensa española. Recoge la mayoría de las tesis presentadas ya en 2006 por Marcel Coderch, secretario de AEREN, en la Mesa de la Energía Nuclear convocada por el Ministerio de Industria español y desmonta algunos mitos (la dependencia de Francia, la moratoria) cuya persistencia resulta sumamente insólita en tiempos de la llamada Sociedad de la Información.  

Probablemente la insistencia en la deformación de la información responde a motivos políticos. Los diversos medios, según sean afines a una u otra ideología, presentan la información de la manera que más les conviene, sin que parezca importarles lo fácil que es contrastar los datos que presentan. Es el caso del artículo publicado hoy en Expansión, con el título de “Santa María de Garoña y el “tú a callar” de Zapatero”, donde se confunden las necesidades energéticas totales de Francia con su suministro eléctrico, para afirmar así que “Francia, con más de 50 centrales nucleares, tiene ya cubiertas sus necesidades energéticas en un 80% por esta vía”. También despacha las incertidumbres sobre los costes nucleares afirmando que “es la más barata”. En suma, un panfleto más cargado de ideología de los tantos que se publican hoy en los medios de comunicación españoles.

El auténtico debate nuclear podría presentarse en dos niveles de discusión. El primero, más genérico, en relación al modelo energético que se quiere proponer para el país, teniendo en cuenta los objetivos de reducción de emisiones a que obligan los numerosos compromisos adquiridos por los diferentes gobiernos. Y el segundo, más concreto, acerca de la viabilidad económica de posibles nuevas centrales en España.

Respecto a la primera cuestión, la propia Agencia de la Energía lo dejó claro en 2006 al presentar un escenario alternativo, en el que, a través de diversas medidas, entre las que se contaban un aumento del 41% de las nucleares, se conseguía una reducción del 16% en las emisiones de 2030 respecto al escenario continuista o de referencia. Según la agencia, de ese reducción en las emisiones, un 78% correspondía a medidas de ahorro y eficiencia, un 12% a las energías renovables y un 10% a la energía nuclear. Es decir, aumentado un 41% la contribución nuclear a la producción eléctrica, en 2030 se conseguiría una reducción del 1,6% de las emisiones.

A pesar de que la mayoría de medios de comunicación “leyesen” que la AIE apoyaba la energía nuclear para combatir el cambio climático, las cifras ofrecían una perspectiva muy diferente, ya que, pese a contribuir con ese 1,6% a la reducción, el ahorro, la eficiencia y las renovables contribuyen mucho más y no tienen los problemas asociados a la energía nuclear.

Pero el auténtico debate nuclear es este: ¿quién pagará las nuevas nucleares? ¿cómo se compatibilizarán las leyes españolas del sector eléctrico con el estatismo nuclear que reclaman los grupos de presión pronucleares, que suelen ser al mismo tiempo, defensores de la desregulación y el libre mercado? Si se plantease en estos términos, es posible que la ciudadanía tuviese mayores elementos de juicio para poder decidir si interesa o no una nueva ronda de construcción de centrales nucleares en España.

Se corre el peligro de, habiendo olvidado nuestra propia historia, volver a cometer los errores del pasado. A saber, planificar una expansión nuclear que no se corresponde con las expectativas de demanda futura que la actual situación económica mundial presenta, y hacerlo, ya que el sector privado nunca ha podido erigir ni una sola central en el mundo sin ayuda pública, hipotecando de nuevo a los consumidores con nuevas cargas que van mucho más allá de pagar por el servicio que presta una eléctrica.

Por muchos brotes verdes que vean ya los oráculos económicos, el brote marrón oscuro de una nueva crisis del petróleo está ya anunciado: si los brotes verdes son de verdad y llegan a crecer, el petróleo volverá a niveles insoportables para las economías (fichero PDF, 638KB), hundiendo de nuevo el PIB y deprimiendo la demanda de energía. Esta es tan solo una de las muchas razones por las que cabe exigir un debate nuclear que vaya más allá de discutir qué hacer con una nuclear de 40 años y apenas 400 MW de capacidad.