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Uruguay espera, con mayor o menor expectación, lo que pueda ocurrir con la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la compañía multinacional Zamin Ferrous, la empresa minera Aratirí y el visto bueno para el mayor proyecto de minería a cielo abierto por estas latitudes. El 2013 será un año clave en la decisión de instalación, o no, de esta empresa de miles de millones de dólares.

Minería a cielo abierto ya existe en Uruguay, pero a una escala tan pequeña que jamás significó discusión alguna sobre sus consecuencias en el medio ambiente y en los pueblos cercanos. Pero desde hace un tiempo la empresa Aratirí propone la prospección de suelos y la explotación del hierro, un mineral del que hay miles de toneladas en el suelo uruguayo. Más allá del cánon que se le paga a los productores rurales por la intervención de sus tierras, más el porcentaje que le quedaría al Estado en toda la operativa de extracción y venta, la población hoy se divide a favor o en contra de la aprobación del proyecto.

Las compañías energéticas Endesa e Iberdrola renunciaron ayer a pedir la ampliación del plazo para seguir operando la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos.

Según fuentes del sector, Endesa e Iberdrola, propietarias al 50% de la sociedad Nuclenor que es la que opera Garoña, agotaban el plazo marcado por la ley para pedir ese permiso que les hubiera dado la posibilidad de seguir operando la central hasta el año 2019. Estas compañías habían solicitado un plazo adicional de dos meses para decidir si pedían o no la ampliación del permiso de Garoña hasta 2019, pero el Ministerio de Industria se lo ha negado.

Según fuentes del sector, Endesa e Iberdrola renuncian a seguir operando Garoña ante la incertidumbre regulatoria por la nueva reforma energética, tal como adelantó EXPANSIÓN el pasado 13 de julio. La nueva norma energética, aunque está bloqueada, se plantea crear nuevas tasas por generación eléctrica a las compañías.

Según la potencia (400 megavatios) y producción de Garoña, el nuevo coste extra fiscal podría llegar a los 40 millones de euros anuales.

Ante esta situación, las eléctricas se plantean el cierre de la central burgalesa porque considerarían inviable económicamente la planta. Tras algún ejercicio en pérdidas, en 2011, Garoña logró un pequeño beneficio de 13 millones de euros. Con la nueva regulación, tendría que pagar una tasa de unos 40 millones y volvería a los números rojos.

Al no pedir el permiso para seguir operando hasta el año 2019, Endesa e Iberdrola se verán en la obligación de clausurar la central en julio de 2013. La central de Garoña, la única nuclear en España que ha superado los 40 años, ha sido fuente de polémica en el sector energético desde hace dos años.

Entonces, el gobierno del PSOE, por motivos electoralistas, decidió el cierre de la central de Garoña en 2013, precisamente, el plazo que aún queda vigente legalmente. Cuando el PP llegó al Gobierno, anunció que permitiría la extensión de esa fecha hasta 2019 si las empresas propietarias así lo solicitaban. Como no ha sido así, técnicamente, Garoña deberá clausurarse el próximo año.

Los carburantes de automoción volverán a subir a principios de 2013 al caducar la exención fiscal a los biocombustibles. Es la forma elegida por el Gobierno para aplicar la subida de los impuestos especiales que prometió el pasado 11 de julio, cuando Mariano Rajoy anunció en el Congreso el ajuste más duro de la democracia. La modificación, que consta en una disposición final de los Presupuestos Generales del Estado aprobados el pasado 2 de junio, afectará especialmente al precio del gasóleo, que es el carburante más utilizado.

Una directiva de la Unión Europea obliga a los Estados miembros a incorporar a los carburantes de automoción una proporción de biocombustibles, generalmente alcoholes procedentes del grano, la caña de azúcar o el aceite de palma. Según esa normativa, en la actualidad el 7% del poder energético del gasóleo debe proceder de las citadas fuentes, así como el 4,1% del de la gasolina.

Según aclara la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), la patronal de las petroleras, cumplir los requisitos de poder energético se traduce, en términos de volumen, en que los gasóleos que se venden en gasolinera incorporan un 9% de biodiésel, mientras que las gasolinas llevan un 7% de bioetanol o biometanol.

Las gasolineras venden un 5% menos en el año entre acusaciones cruzadas de quién es el culpable de la escalada del precio, que va camino de los 2 euros por litro. El sábado, subirá de golpe 4 céntimos por el IVA. El negocio de la gasolina en España está que arde. Mientras las gasolineras de Repsol, Cepsa, BP, Galp y otras petroleras ven impotentes como sus ventas se desploman con caídas históricas, los usuarios echan chispas por la escalada de precios. Éstos, en cotas récord, han llegado incluso a disparar los últimos datos de IPC del país. Y mientras el Gobierno se frota las manos por los 4 céntimos adicionales que va a recaudar por cada litro a partir del sábado por la subida del IVA (del 18% al 21% en carburantes), Competencia, que lleva años advirtiendo del oligopolio de las petroleras, recrimina al Ejecutivo que su verborrea contra las compañías se quede en mucho ruido y pocas nueces.

Los residentes de la isla de Tokelau, territorio dependiente de Nueva Zelanda, a partir de septiembre serán los primeros del mundo que usarán solo energía solar, según informan los medios neozelandeses. "Esta semana hemos completado la instalación de más de cuatro mil paneles solares que proveerán electricidad a la población del atolón, que asciende a 1.400 personas", dijo en un comunicado uno de los ingenieros del proyecto, Dean Parchomchuk. Se informa de que el proyecto, que cuesta 7.500 millones de dólares, está financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda. "Es bueno que por fin podamos dejar de utilizar las centrales eléctricas que funcionan a partir de diésel. Las fugas de combustible crean enormes problemas para el medio ambiente en el atolón. Además, usando paneles solares ya no dependeremos de los suministros desde el exterior", afirmó el ministro de Energía de Tokelau. Para generar electricidad cada año en las islas del atolón se utilizan más de 2.000 barriles de petróleo con un valor de alrededor de un millón de dólares. La aplicación de las nuevas tecnologías también ayudará a ahorrar en combustible.

La manipulación de los tipos de interés en el Reino Unido, el reciente escándalo del Libor, ha abierto la puerta a la investigación de otros índices de precios de bienes o servicios susceptibles de haber sido sesgados. El foco está ahora puesto en el precio del petróleo y de las gasolinas.

El precio de la gasolina se fija en función de los datos que aportan los operadores de los bancos, las compañías petroleras y los hedge founds, que establecen un valor de referencia. Estas empresas poseen un “incentivo” para distorsionar el mercado aprovechando su falta de regulación, y es probable que intenten reportar precios falseados en su propio beneficio. Al no existir una legislación que les obligue a hacer públicas sus operaciones, las sociedades suelen mostrar aquellas que resultan más favorables desde el punto de vista comercial y corporativo, lo que ha alimentado la sospecha de varias instituciones.

El último informe de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés) elaborado para el G-20 denuncia que el actual sistema de fijación y difusión del precio del petróleo es “susceptible de manipulación o distorsión” y destapa un posible caso de fraude al calor del escándalo del Libor.

Según recoge The Daily Telegraph, la información no ha tardado en trascender, y ya son varios los políticos y activistas británicos que han emplazado al Gobierno y al Banco de Inglaterra a extender la investigación sobre el Libor al mercado del petróleo, con el fin de averiguar si se produjeron manipulaciones al alza en el precio de la gasolina.

El Tribunal Supremo ha desestimado una demanda de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anper) en contra del Real Decreto 1565/2010 y, en concreto, de la limitación a 30 años en el tiempo durante el que las instalaciones fotovoltaicas tienen derecho a recibir las primas recogidas en la tarifa regulada. Todo un aval a los cambios retroactivos en la normativa del sector, auténtico caballo de batalla en las negociaciones entre el Gobierno y la industria fotovoltaica para poner fin al déficit de tarifa.

La sentencia entiende que la limitación de años de cobro de la tarifa no daña el principio de "rentabilidad razonable" y se suma a otras dos resoluciones emitidas en el mismo sentido por el Alto Tribunal, de forma que puede entenderse que se ha sentado jurisprudencia sobre el asunto.

Lo más llamativo es que el Supremo sale al paso de la tesis de los demandantes, que sostenían que el real decreto atenta contra los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, igualdad y proporcionalidad de la actuación administrativa, además de constituir, desde su punto de vista, una expropiación de derechos. El escrito entiende que los titulares de las instalaciones fotovoltaicas no tienen un "derecho inmodificable" a que se mantenga inalterado el régimen económico que regula la percepción de sus retribuciones.