Cambio ladrillo por huerto solar

Traemos a la portada de nuestras páginas el interesante artículo del periodista Luis Gómez, publicado en el diario español El País el 7 de diciembre de 2008, titulado "Cambio ladrillo por huerto solar", que por su interés público y los datos importantes que ofrece, creemos pueden ayudar a entender a a valorar el impresionante ascenso de este tipo de energía renovable en España, especialmente en los dos últimos años.

El artículo empieza con este encabezamiento: La sospecha de fraude salpica a la industria, que creció el 900% en dos años - El 'permiso de conexión' tomó el testigo de la recalificación urbanística, y es bastante ilustrativo de por dónde va el mismo.

Aunque posee datos bastante bien contrastados, creemos también que un análisis complementario puede resultar de utilidad a nuestros lectores, a los que invitamos a debatir este asunto. A continuación ofrecemos el texto del artículo, con los comentarios de Pedro Prieto, co-editor de esta página, con sangría y en cursiva.

Cambio ladrillo por huerto solar
La sospecha de fraude salpica a la industria, que creció el 900% en dos años - El 'permiso de conexión' tomó el testigo de la recalificación urbanística

Millones de paneles solares han germinado en el paisaje español con la voracidad de una plaga. Donde antes había cultivos o terreno baldío han surgido 29.000 instalaciones dotadas de la última tecnología fotovoltaica. Ni siquiera el boom inmobiliario ha registrado un crecimiento parecido (900% en dos años) en sus tiempos dorados. Alguna cifra es elocuente. Se necesitó todo el año 2004 para alcanzar 8 megavatios de potencia de origen solar: en 2008, bastaban cuatro días. El Plan de Energías Renovables confeccionado por el Gobierno socialista para la energía solar preveía la instalación de un total de 371 megavatios en el periodo comprendido entre 2005 y 2010. Pues bien, el objetivo previsto para un quinquenio se alcanzó en cuatro meses durante el año 2008. El fenómeno puede ser contradictorio si se confirma que una energía limpia tiene un origen sucio.

En la actualidad son más de 29.000 instalaciones. Se considera instalación a efectos del registro, cada unidad individual de hasta 100 KW, que son las que se pueden (o podían) acoger a la tarifa más favorable, aunque hay muchas de menor potencia instalada. El plan hasta 2010 era de 400 MW, si bien los 371 MW mencionados se refieren a instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. El resto era para instalaciones aisladas de la red, generalmente en lugares remotos, que apenas han tenido reflejo. Los datos que se ofrecen en la actualidad están rodeados de bastante confusión. Se barajan cifras de entre 2.000 y 3.000 MW que dicen y han informado a las autoridades estar conectadas a la red antes del 29 de septiembre, fecha clave para poder aspirar a obtener la tarifa más favorable.

A lomos de esa expansión sin freno ha surgido un potente sector industrial que ha generado 24.000 empleos, con fuertes inversiones en I+D+i y plena capacidad exportadora, pero también la sospecha de un fraude que puede tener grandes proporciones y causar dolores de cabeza en varias comunidades autónomas, tanto socialistas como populares. Detrás del caso hay dos viejos conocidos, la especulación y el tráfico de influencias. La explicación es bien sencilla: algunos hábitos perversos del boom inmobiliario han cambiado de domicilio. El Estado deberá desembolsar durante los próximos 25 años unos 18.500 millones de euros en subvenciones comprometidas.

Este es uno de los capítulos más tremendos que conviene analizar en profundidad. El sector siempre ha presumido, con la connivencia de las autoridades estatales y regionales, que han salido orgullosas en numerosas fotos, de que “crearía y estaba creando muchos puestos de trabajo y que estaba innovando”. El mundo de las telecomunicaciones ya vivió una falacia similar con la “creación de puestos de trabajo” (obsesión productivista del mundo actual), que a veces se exigía por parte de los grandes operadores de telecomunicaciones o en el sector del automóvil a las empresas multinacionales que se iban a asentar en España, para poder concursar o recibir ayudas del Estado. Las cifras siempre se inflaban con la entelequia de empleos “directos” o “indirectos” (y hasta se podían haber inventado los empleos “circunstanciales”, como los complementos gramaticales y pocas veces). A la vista está con Nissan, o muchas empresas del sector automovilístico o de telecomunicaciones dónde están los empleos creados. Las ayudas sí sabemos donde fueron a parar

Y es que la creación de un empleo, si tiene que tener un mínimo de estabilidad, exige duración en el tiempo; algo que tiene que ver con la sostenibilidad y el raciocinio de la propuesta. Y en materia de instalaciones solares fotovoltaicas, se empezó la casa por el tejado, dando por supuesto que si se hacía volumen, bajarían los precios (suposición muy economicista y poco científica) y se llegaría a la competitividad con otras fuentes de energía y entonces habría campo suficiente como para mantener las industrias (y los empleos) en el tiempo.

Igualmente, sucedió con el apriorismo de que la introducción masiva de instalaciones fotovoltaicas traería grandes inversiones en I+D+i. Esto ha sido una verdad a medias, por no decir a cuartos o a octavos. Si bien es cierto que algunas empresas han invertido, ha sido, sobre todo, en adquirir tecnología del exterior. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, llegó a afirmar que en 2007 se habían importado 2.800 millones de euros en módulos fotovoltaicos del exterior. Eso, a los precios actuales, significa que se trajeron del exterior cerca de 1000 MW de módulos fotovoltaicos. Mucha más fiebre especuladora que investigadora.

Un repaso a la prensa regional sirve para describir qué tintes alcanzó la peculiar competición entre comunidades autónomas por el liderazgo en el sector solar. Mes a mes se fueron reproduciendo escenas parecidas en puntos diferentes del mapa.

Septiembre de 2007. La prensa de Castilla y León daba cuenta de la inauguración de "la planta solar fotovoltaica más grande del mundo" entre las localidades salmantinas de Zarapicos y San Pedro del Valle sobre una superficie equivalente a 100 campos de fútbol. El vicepresidente de la Junta, Tomás de Villanueva, declaraba en el acto que "Castilla y León es la región más avanzada en el desarrollo de energías renovables".

Dos meses después. La localidad alicantina de Beneixama celebraba la puesta en marcha de la planta solar "más grande del mundo" sobre una superficie de 418.515 metros cuadrados, equivalente, según la prensa local, a 70 campos de fútbol. Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, proclamaba que su comunidad "se convierte en un ejemplo para todo el mundo del aprovechamiento de una fuente energética inagotable".

Enero de 2008. Murcia. Jumilla. Durante el acto inaugural de una planta considerada como la "más eficiente de Europa", Benito Mercader, consejero de Desarrollo Sostenible de Murcia, declaraba que Murcia es un "referente nacional para la producción de energías limpias", al tiempo que sentenciaba que "el Sol es el petróleo de Murcia". La nota de prensa no dejaba escapar la comparación: la planta está ubicada sobre una extensión aproximada a "100 campos de fútbol".

Unos días después, José María Barreda, presidente de la Junta de Castilla la Mancha, visitaba las obras de la planta solar de El Calaverón, calificada como "la mayor planta solar del mundo en su género" por ser de doble eje. "Con una potencia de 20 megavatios, se ubica sobre una extensión equivalente a 90 campos de fútbol" rezaba la nota de prensa. Barreda bautizó a Castilla-La Mancha como la "rosa de los vientos" en materia de energías renovables.

Su colega Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, no se quedó atrás en mayo de este año durante la presentación de la planta solar de Abertura (Cáceres). Aprovechó el momento para anunciar eufórico que "uno de cada cuatro proyectos en energía solar se desarrollan en Extremadura". Meses después, en octubre, visitó la planta situada entre Mérida y Don Álvaro (Badajoz), de 30 megavatios, bautizada en ese momento como "la planta solar de dos ejes más grande del mundo". Toda la prensa regional se hizo eco del mismo dato: la superficie ocupada equivale a 390 campos de fútbol.

En las mismas fechas, Aragón vivió su inauguración particular en Figueruelas (Zaragoza). No hubo discursos oficiales en este caso, pero sí otro dato para el Guinness autonómico: el estreno de la "planta solar más grande del mundo sobre tejado" con 85.000 módulos instalados sobre 183.000 metros de techo en la fábrica de General Motors.

Manuel Chaves, el presidente andaluz, inauguró en tres días dos plantas solares en un septiembre especialmente fructífero. La de El Coronil (Sevilla) el 23, y la de Lucainena de las Torres (Almería) el 26. Chaves declaró a Andalucía como "la mayor superficie de energía verde de Europa" tras haber multiplicado por ocho en un solo año la potencia solar instalada. En este caso no hubo comparación futbolística.

¿Qué estaba pasando en España para esta alocada competición solar entre comunidades autónomas? ¿A qué venía esta eufórica conversión a la fe renovable, proclamada con tanto entusiasmo por dirigentes políticos sin distinción de ideologías? Las notas de prensa, además de la alusión inevitable a la relación entre hectáreas y campos de fútbol, abundaban en otras consideraciones positivas sobre la obra recién inaugurada, tales como inversión económica, puestos de trabajo creados, toneladas de dióxido de carbono ahorradas al medio ambiente y algunos datos técnicos de difícil digestión. Pero ninguna ponía sobre el papel otros datos significativos: la identidad de los beneficiarios (o propietarios) de esas instalaciones y las entidades bancarias que habían participado en la concesión de créditos que cubrían hasta el 80% de la inversión efectuada por esos particulares, a quienes probablemente no les movió un impulso ecologista sino una mera operación contable: amortización de la inversión en diez años, retornos económicos asegurados durante un mínimo de 25 años, además de exenciones fiscales. Total, rentabilidad asegurada de un 12% como poco. Detrás de cada planta solar había un producto financiero. La otra cara de la sostenibilidad ocultaba algunos hábitos muy conocidos del boom inmobiliario: el tráfico de influencias y la especulación.

Pues efectivamente, pasaba eso: que tenemos una clase política y otra empresarial poco presentables en general. Son amigos de las grandes obras, de los fastos, los cortes de cinta. Y los datos de superficies ocupadas por las instalaciones fotovoltaicas se refieren en tantos casos al tamaño del campo de fútbol, porque todo político de partido al uso y empresario de puro en boca sabe bien el tamaño que tienen. Sin embargo, si les dijesen que un campo de fútbol reglamentario con los márgenes incluidos es aproximadamente una hectárea, muchos seguramente se hubiesen perdido en las magnitudes de esta unidad del sistema métrico decimal. Todo grande. A lo grande, A ser el más grande. El primero. El yo más, para ver si me (re)eligen. La alcaldada.

A eso se ha mezclado el mucho olfato que tiene nuestra clase política, quizás para compensar la poca cultura y visión estratégica para detectar lo que es “políticamente correcto”. Las llamadas energías “renovables” se vendían muy bien, e incluso ofrecían la posibilidad de hacer un buen negocio y además congraciarse con la nueva casta ascendente de los ecologistas partidarios. Y empezaron todos a mentir sobre las toneladas de CO2 que dejaban de emitir, callando que antes de dejarlas de emitir, se emiten, por adelantado, muchísimas toneladas de CO2 en la fabricación, instalación y mantenimiento de estas instalaciones, que las que cada año se van a ahorrar supuestamente después, cuando empiecen a generar “energía verde”. Y por cada uno que hacía una inversión sería, surgían como setas advenedizos al socaire del negocio.

Ningún otro sector productivo ha registrado un crecimiento del 900% en España durante los dos últimos años. Expertos del propio sector fotovoltaico no han dudado en calificar esta expansión como "irracional". España ha pasado a ser de golpe una potencia mundial en energía solar por el total de la potencia instalada, que equivale a casi tres centrales nucleares de tipo medio. Como consecuencia de ello, el Estado tendrá que abonar una cantidad próxima a los 1.000 millones de euros anuales durante un cuarto de siglo a los propietarios de dichas instalaciones en concepto de subvención. Sin embargo, hay serias dudas de que una parte de esas plantas solares esté funcionando correctamente en la actualidad. Hay evidentes sospechas de fraude y de la existencia de auténticos caza-primas. La sombra de la sospecha afecta a buena parte de las comunidades autónomas que emprendieron con tanto entusiasmo la veloz carrera por el liderazgo solar.

Efectivamente, en la semilla plantada del crecimiento a ultranza, incluso de los sistemas llamados renovables, sobre todo cuando se empezaron a ver como negocio financiero por la cuestión de las primas garantizadas a 25 años, ya estaba el fruto del mal que se ha causado. Se ha tratado, una vez más, como un producto, un sistema, un negocio del tipo tradicional (y jugoso), del “business as usual”. Y el carro de la especulación ha arrollado a los caballos de las primas que intentaban tirar de las renovables. El Estado no pudo prever que la gente se acogería al Real Decreto 436/2004 como herramienta especulativa y producto financiero, porque sus políticos se limitaron a intentar copiar el modelo alemán sin más y sin ver que sus empresarios y financieros iban a ir por otros caminos, algo que no es disculpable, pues duermen con ellos todos los días y deberían haberlos conocido y preparado un decreto diferente.

Esto nos lleva a otras consideraciones adicionales sobre la viabilidad de las llamadas energías renovables, especialmente la fotovoltaica, que analizaremos más adelante.

Durante el último Gobierno de Aznar se establecieron una serie de primas a la producción eléctrica de procedencia solar y eólica para estimular ambos sectores. El arranque de la solar fue más tardío. Disposiciones posteriores del Gobierno terminaron por facilitar su despegue hasta cotas insospechadas.

Si las primas se establecieron para las renovables a principios de los años 2000 y luego se terminaron reforzando, especialmente para la fotovoltaica en 2004, con el objetivo declarado de fomentar la investigación y conseguir una reducción considerable de costes que hiciesen estas fuentes de energía renovable “competitivas”, la verdad es que el objetivo no se ha conseguido. Siguen dependiendo de unas primas que empezaron siendo el 570% de la tarifa eléctrica normal. Luego pasaron, por arte de magia y en previsión de que las tarifas tuvieran que subirse lo que demandan las eléctricas (entre un 20 y un 30% vienen reclamando en los últimos años) a 45 c€/kWh, que era el 575% de la tarifa en junio de 2006. Seguramente para evitar que los usuarios sujetos a esta tarifa del 575% se beneficiasen de esta subida ya cantada en más o menos tiempo (y de todas las demás que pudiesen venir en adelante). La tarifa se fijó en 45 céntimos de euros, pero garantizando una subida anual en función del Índice de Precios al Consumo (IPC), menos 0,25 puntos porcentuales y luego menos 0,5 puntos porcentuales. Eso si, el Estado siguió garantizando durante 25 años este tipo de tarifa. Sin embargo, en todo este tiempo, casi una década, el precio de los sistemas fotovoltaicos completos apenas bajó de los 6-7 euros por vatio pico instalado llave en mano a unos 5-6 euros.

Pero lo que no hizo en cuanto a I+D+i de forma relevante, sí lo hizo en cuanto a progreso de las instalaciones, que grandes grupos empresariales y financieros empezaron a ver cómo una “inversión” segura. Nada menos que con la garantía del Estado. Así, por ejemplo, el Banco de Santander llegó a sacar lo que denominaban un “producto financiero” a sus clientes preferentes de banca privada. El producto en cuestión no era otra cosa que los llamados “huertos solares”, con rentabilidades financieras de dos dígitos. Faltó poco para que todos los demás se lanzasen como lobos a este lucrativo comercio, que empaquetaba ayudas del Estado (sin mencionarlo) a un selecto producto financiero especulativo para particulares. Aunque consta que algunos sectores del gobierno que habían ideado el plan de renovables se disgustaron por la forma en que éste banco y otras instituciones financieras se aprovecharon de la situación, el formato era absolutamente legal. Tras las iniciativas bancarias españolas, tardó segundos en aparecer un aluvión de sociedades gestoras de fondos de pensiones extranjeros y demás grandes grupos inversores extranjeros a hacer lo mismo.

La inclusión de una prima muy generosa de 0,44 euros por kilovatio hora para pequeñas instalaciones no superiores a los 100 kilovatios de potencia con la idea de "democratizar" la fuente de energía fue el detonante. La planta solar dejó sitio al huerto solar, convertido en un producto financiero. El mecanismo era muy simple: divide la planta solar en parcelas (huertos solares) y ponlas en el mercado. Cualquier inversor podía adquirir su huerto solar en unas condiciones ideales: rentabilidad asegurada superior al 10% durante los primeros 25 años. Ni el mejor de los planes de pensiones podía garantizar un beneficio de ese tipo.

Se generalizó también el formato de “modularizar” los grandes huertos, realizado por primera vez por grupos navarros, a partir de sucesivos huertos de 100 kW, cuyo límite legal superior de potencia se salvaba haciendo tantas agrupaciones de sociedades legalmente constituidas de 100 kW de potencia cada una, hasta alcanzar la potencia deseada. Así, se empezaron a popularizar los huertos con 10 MW y luego 20 MW y finalmente hasta 30 MW con cien, doscientas o trescientas sociedades diferentes, controladas todas ellas por una sola entidad jurídica o física o un grupo empresarial que, en España, apenas cuesta 3.000 euros más los gastos de notario constituir y con ello, los campos de 20 MW podían también acceder a la prima más beneficiosa, pensada para particulares. Hubo incluso consultas con asesores legales y fiscales muy importantes, para garantizar a estos grandes grupos que las operaciones eran legales.

Numerosos constructores, los especuladores de rigor, empresarios que buscaban diversificar sus actividades, volvieron la vista hacia la energía solar. Hubo inmobiliarias e incluso agencias de viajes que crearon divisiones solares. No fue una conversión hacia el ecologismo, sino pura ingeniería financiera. Aparecieron ciertos síntomas muy conocidos en el mundo inmobiliario: compra de terrenos rústicos que no necesitaban recalificación, y obtención de permisos para instalación de una planta solar, entre ellos el denominado permiso de conexión.

En este sentido, todos especularon, grandes y chicos; desde luego, más los grandes que los chicos. Las columnas de las líneas de media tensión (en España de 15 a 20.000 V generalmente) donde las eléctricas concedían lo que se llamaban “puntos de conexión, a los que enganchar los huertos fotovoltaicos se pusieron por las nubes. Disponer de un punto de conexión cerca de un campo adecuado (buen acceso de camiones, lugar plano y soleado, sin sombras de montículos, vegetación, etc.) se convirtió en una carrera de obstáculos. Nacieron como setas “especialistas” en buscar campos adecuados, cerca de puntos de enganche con capacidad suficiente para la potencia adecuada

Y efectivamente, el ladrillo se hizo voltios y habitó entre nosotros. Ya algunas inmobiliarias comenzaban a intuir que su crecimiento infinito tenía límites y comenzaban a hablar de “diversificación”, algo que se ha puesto de moda en todos los sectores, por otra parte. En este mundo de la globalización capitalista, hoy un magnate ruso de la energía puede comprar un equipo de fútbol inglés, un presidente de club puede hacer cuatro rascacielos en el centro de Madrid, un jugador de fútbol de postín puede adquirir una planta fotovoltaica entera de 5 MW, el labrador aficionado del equipo, que le vende el terreno, también aprende a especular a la velocidad del rayo y multiplica el valor de sus eriales por diez en un año y el ganadero sabe que por los baldíos por donde vegetan sus animales se puede pedir cien veces lo que antes se pedía para la instalación de una columna que es imprescindible para el trazado de la línea a la que la planta se habrá de conectar. Todos ganaban, en esta pirámide de especulación en espiral.

¿Cómo se obtenían esos permisos? Cada comunidad autónoma era soberana a la hora de establecer los requisitos y conceder dichas autorizaciones. ¿A quiénes se les concedió permisos? Ahí aparece la sombra de la sospecha: no han existido concursos públicos ni decisiones transparentes. Las primeras evidencias de un tráfico de influencias surgieron en Castilla y León, donde media docena de funcionarios han cesado por existir pruebas de que concedieron permisos a familiares. No hay posibilidad de acceder a los listados de permisos concedidos en Castilla y León (de hecho, el Gobierno autónomo rechaza la creación de una comisión de investigación al efecto), pero esa misma opacidad se reproduce en Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia, Andalucía y Extremadura, las regiones donde más se ha expandido este sector. Por otro lado, el número de sociedades que aparecen ligadas a una planta solar es tan grande que dificulta la identificación de sus propietarios reales.

Un dato bastante ajustado a la realidad, pero es aún peor la realidad. Lo cierto es que si el gobierno central que publicó el real decreto 436/2006 y luego tuvo que rectificarlo con sendos decretazos más (el 661/2007 y el más reciente) no sabía por dónde se andaba bien y no pudo prever lo que iba a ser esto, las Comunidades Autónomas estuvieron los primeros tiempos mucho más perdidas, sin saber como legislar en sus respectivas áreas de influencia. Un proyecto de 1 MW puede haber llegado a costar unos 150 kilos en papel físico en trámites burocráticos. Los terrenos en los que se implantaban, no estaban generalmente clasificados para actividades industriales de generación de energía eléctrica y tuvieron que pasar por lentos y farragosos procesos de “recalificación” urbanística (algo que, por cierto, los reyes del ladrillo sabían perfectamente como conseguir, mientras muchos otros veían que sus expedientes quedaban meses en las oficinas siniestras). Además, se exigían estudios de impacto ambiental, que inicialmente eran relativamente fáciles de conseguir, pero que a medida que las plantas fotovoltaicas fueron aumentando de tamaño, era evidente que sí podían tener impactos. Sin embargo, la mayoría de ellos libraban batallas lentas y burocráticas, pero relativamente sencillas. Bastaba con jurar que se eliminarían muchas toneladas de CO2 (el mantra de los ecologistas de nuevo cuño), en función de la generación; luego las cosas se fueron complicando, pues hubo intentos de meter las plantas en zonas LIC (Lugares de Interés Comunitario) y zonas ZEPA (Zonas de Especial Protección de Aves). Hubo cosas muy divertidas, como por ejemplo, la exigencia de realizar planes de “reforestación” (¿?) en lugares que se habían elegido precisamente pelados de toda vegetación para evitar sombras, con plantas autóctonas.

Los ecologistas en general, apenas pusieron pegas a estas instalaciones gigantes, distraídos como estaban con Kioto y con los pajaritos y murciélagos que se estrellaban contra las aspas de los aerogeneradores, como mucho. Entre las curiosidades, cabe destacar comunidades que empezaron a exigir que se hiciesen levantamientos arqueológicos, aunque estuviese meridianamente claro que jamás un visigodo hubiese pasado por aquellos eriales. Se empezaba a vislumbrar el negocio y al socaire del mismo se lanzan a las distintas ubres de esta floreciente vaca, agrupaciones varias, colegios profesionales y demás. Todos a mojar un poquito. Así, había que presentar a veces cinco proyectos de ejecución de considerable peso, realizar estudios geotécnicos y topográficos o decenas de actividades más que para un centro comercial. Empezaron a intervenir departamentos cruzados de las propias autonomías, cada uno queriendo poner sellos que justificasen su supervisión y estos a cruzarse con los requisitos y requerimientos de la administración central. El caos y la complejidad administrativa aumentaban exponencialmente, siguiendo fielmente el principio de la segunda ley de la termodinámica, la de la entropía, a medida que los proyectos fotovoltaicos se expandían por toda la península y los archipiélagos españoles.

Por si fuese poco, las empresas eléctricas, también comenzaron a flaquear alegando, algunas de ellas con parte de razón y otras quizá con pocas ganas de trabajar para los demás y menos gratis, que en los puntos de enganche que se les solicitaba no había potencia suficiente para conectar los MW requeridos. Difícil saber si era cierto o respondía a criterios de interés diferentes al de utilidad pública. Lo cierto es que a medida que aumentaban las potencias a instalar, las empresas de distribución eléctrica negaban con mayor frecuencia el punto de conexión por falta de capacidad en la línea o en la subestación a la que esa línea se conectaba.

Para ese entonces, había una legión de ”listos” que habían solicitado y reservado potencias en las líneas, por razones meramente especulativas, para revender y lucrarse sin trabajar; una actividad muy extendida en la sociedad capitalista de libre mercado. Hasta el punto que en comunidades como Castilla la Mancha tuvieron que inventar lo que llamaban las “mesas de evacuación”, en las que obligaban a colocar avales a los especuladores de puntos de conexión, porque se daba la circunstancia de que podía haber solicitados muchos MW en una línea y no construirse ninguno, a la espera de mejores tiempos. Y luego venía uno con buenas intenciones y las empresas eléctricas realmente no podían hacer nada porque estaban los puntos reservados.

Además, la Consejería de Industria de Castilla la Mancha fue pionera en entender la demanda de las eléctricas, cuyas subestaciones empezaron a saturarse y a desequilibrarse, al recibir conexiones en finales de línea y con aportaciones de potencias que no se consumían en la región y no disponían de capacidad de transporte adecuadamente balanceada. Y empezaron a exigir pagos de ciertos cánones por cada MW instalado, para pagar las infraestructuras, algo verdaderamente lógico, pero que levantó las protestas de los que ya tenían echados los cálculos de las ganancias y se resistían a dejarse un bocado no previsto en el estudio de costes. A pesar de los, al parecer, mas de mil setecientos millones de euros recaudados por este concepto, sólo en esta comunidad, con ello no se están cubriendo todos los costes en infraestructuras. Por otra parte, esta cuota extra no ha desanimado a muchos inversores a seguir haciendo plantas en esta comunidad, pues los márgenes eran todavía sabrosos.

En medio de este maremágnum, también las empresas eléctricas comenzaron a adoptar la política de enviar a todo campo fotovoltaico en ciernes que tuviese más allá de cierta potencia (entre 2 y 3 MW) a enganchar directamente a la subestación eléctrica y a poner dispositivos de refuerzo de la misma (barras, transformadores, etc.) a su costa. Algo que comenzó rápidamente a encarecer los proyectos de mayor envergadura por un lado, mientras la burocracia creciente dejaba a los particulares con sanos intentos de instalación cada vez con una legislación más compleja e inextricable. Los ricos y poderosos ganaban de nuevo (como casi siempre), aunque se tenían que gastar cada vez más dinero en estudios de gabinetes de prestigio en asegurarse que no habría problemas legales; en derechos de paso hasta las subestaciones; en proyectos más complejos. A su vez, la red eléctrica se mostraba en toda su descarnada desnudez: si con apenas 500 MW conectados a red, ya había problemas estructurales importantes, que requerían inversiones adicionales no previstas en el Plan de Energías Renovables 2004-2010, pensar en instalar decenas de miles exigiría algo que no estaba ni en la mente de los más preclaros, que son minoría muy absoluta. Pero lo peor de todo, es que tampoco el gobierno central había previsto en sus presupuestos generales dinero para cumplir sus propias promesas de garantizar los 45 céntimos de euro/kilovatio hora, más el IPC, durante los próximos 25 años a tanta instalación. Estupor y preocupación creciente, por un lado, mientras por el otro, por inercia, todavía seguían vendiendo su “capacidad de liderazgo en materia de renovables”. Y el asunto sólo estaba empezando.

Durante el periodo de expansión se divulgaron anuncios de particulares que vendían puntos de conexión (600.000 euros por megavatio), de forma que quien tuviera un permiso en vigor lo vendía obteniendo sustanciosas ganancias con una inversión previa que apenas superaría los 60.000 euros. Y algo parecido sucedió con los permisos de instalación. El terreno estaba sembrado para el pelotazo solar.

El pelotazo solar no sólo benefició a los labriegos y agricultores, que se limitaron a aplicar “las leyes del mercado libre” a los promotores de huertos solares (¿no querían ustedes mercado libre? ¡Pues tomen mercado libre!), sino también, como ya se ha dicho, a colegios profesionales, que andaban a la rebatiña con que se sellasen cosas y más cosas en sus respectivos ámbitos para cobrar las tasas preceptivas. A los ayuntamientos (que empezaban a vislumbrar la caída del principal recurso de las últimas décadas: la recalificación y las licencias de obras), a los que veían que una línea tenía que pasar por sus terrenos por narices para llegar a un punto de conexión o subestación y han llegado a exigir hasta 25.000 euros por una columna que en caso de haber sido declarada de utilidad pública (entre seis meses y un año de trámites; no había tiempo) se hubiese resuelto con un pago de 100 euros. Cobraron los notarios, por los miles de sociedades inscritas de 100 kW. Cobran los registradores de la propiedad, abogados, intermediarios, especuladores. Cobran los homologadores y los certificadores, que no siempre homologan y certifican con profesionalidad. Cobra y vive toda la fauna ibérica que se ha trasladado con rapidez inusitada del fértil medio del ladrilleo a esta nueva cadena trófica del negocio.

Vinieron entonces algunos efectos indeseables: los precios de los componentes adquirieron precios desorbitados por exceso de demanda. Pero no importaba: España consumía buena parte de la producción china de paneles solares. "Se han dado casos de barcos mercantes procedentes de China que pusieron la carga a subasta antes de tocar puerto", reconoce un empresario.

De nuevo la realidad supera a la noticia. Es que no se trataba de innovar (la única innovación fue la de trasladar el negocio de la cadena alimenticia del ladrillo y el hormigón a la cadena alimenticia de las renovables), sino de seguir ganado perras y cuantas más, mejor. Sin límites; por eso se fueron al campo con las fotovoltaicas, en vez de andarse por los tejados como la gata de cinc alemana. Aquí debieron pensar que al campo no se le pueden poner puertas y allá que fueron. En el caso de los módulos fotovoltaicos importados, hay otra gran incógnita.

Para el 2007, la fiebre del oro gris metálico azulado de las placas fotovoltaicas estaba ya disparada y se venia venir una pandemia de proporciones gigantescas. Todos querían entrar en los 371 MW, aunque fuese a empujones, porque llegar a conectarse como el megavatio 375 podía suponer la pérdida de la prima y entrar en un limbo legal considerable, aunque casi todos sabían que ya no llegarían a tiempo, ya que se vigilaban estrechamente unos a otros. Pero existía el consenso de que “el gobierno no nos puede dejar así a los que apostamos por las renovables” decían algunos empresarios que acababan de aprender lo que era la ecología y la energía llamada renovable y habían visto que podía ofrecer un doblete muy capitalista “Double Digit Growth, Double Digit Profit” (esto es, crecimientos anuales de dos dígitos, junto con beneficios anuales de dos dígitos)

Pero por si acaso, empresario precavido vale por dos. Marchando unos módulos de China, que son baratitos. Total, si luego los voy a revender a un particular en parcelitas de 100 KW con la sociedad ya constituida, a mi que más me da. Y vino la marea importadora. Los 2.800 millones de euros en módulo fotovoltaicos importados de 2007 (y los que te rondaré en 2008), para saciar el hambre canina de algunos empresarios y promotores, que se habían comido toda la producción nacional, incluso aunque ésta estaba haciendo lo imposible por engordar a marchas forzadas. El problema es que importar maquinaria para fábricas de ensamblaje de células en módulos (que es lo que generalmente se hace y luego se vende como “desarrollos tecnológicos” y “creación de empleo”), lleva su tiempo en años, no en meses y la realidad de la marabunta fotovoltaica iba ocupando campos y cuota a velocidades de vértigo.

Todo ello se ha hecho sin tomar las debidas precauciones contractuales. Uno ha visto contratos de suministro de verdadera pena, sin garantías ni avales, sin penalizaciones. Ha sido el paraíso para los suministradores avezados, principalmente de China, pero también de países más “avanzados”. Hay bastantes campos fotovoltaicos con módulos sin homologar, con garantías de tres años mal dadas y sin respaldo para garantizarse el cobro en caso de defecto de fabricación. Hay muchas plantas sin contratos de mantenimiento, de varios millones de euros, o con contratos de mantenimiento que a posteriori, imponen costes y reglas no acordadas previamente. Hay suministradores que han sido puros intermediarios/instaladores sin fuste, que han instalado, mal y con prisas y sin experiencia y luego han desaparecido y han dejado las plantas sin mantenimiento adecuado y sin especificaciones. Este es el mundo real. Hay decenas de campos abandonados a medias, con los promotores particulares pagando ya el principal de los créditos y sin cobrar un duro por la energía generada, que ni se sabe cuando se va a poder generar. Hay de todo, como en botica, pero mucho malo. Una fuente bien informada decía que él se consideraba un buen profesional y tuvo que importar módulos de China. Tomó la decisión de muestrear un módulo de cada cien, a pesar del coste y los llevó a un centro famoso de homologación en Madrid y le comentaron que era un bicho raro en el marasmo de importadores que iban directos del barco a la instalación.

El fenómeno sorprendió a un Gobierno que no acertaba a regular lo que estaba pasando. La sucesión de tres ministros de Industria en poco tiempo (Montilla, Clos y Sebastián) tampoco contribuyó a poner orden. El sector acusa al Gobierno socialista de ir por detrás de los acontecimientos.

Es cierto que no sabían donde tenían su mano derecha y que han jugado más a hacerse las fotos que a gobernar. También es cierto que mientras haya una “economía de libre mercado” y tengan las presiones del mundo empresarial encima, van a poder hacer poco por cambiar de raíz las cosas. Por otra parte, suena a política de partido interesada decir que ir por detrás de los acontecimientos es tarea exclusiva del gobierno llamado socialista. Porque dudo que un gobierno llamado de centro hubiese cambiado las reglas del mercado o hecho algo totalmente diferente y bien hecho.

El problema es más profundo. Lo que sabía el gobierno era que 371 MW de potencia al 575% de la tarifa le iba a representar en los Presupuestos Generales del Estado una carga adicional de algo menos de 200 millones de euros al año en los próximos 25 años (el cálculo sale de consdierar los 0,45 €/kWH frente a los aproximadamente 1.500.000 kWh/año por MW instalado ≈ 500.000 €/año y MW instalado). Y esa cantidad al Estado, en el periodo de desarrollo de vino y rosoas y crecimientos espectaculares, con “superávit en los presupuestos” (como gustaban de presumir) entre 2004 y 2006, le parecía razonable y digerible, aun sabiendo que 370 MW equivalen a una simple turbina de gas de ciclo combinado de 75 MW de potencia. Pero le daba “caché”, podían ir presumiendo de ser “ecológicos” y de impulsar la “energía verde”, aunque fuese una gota en el mar de crecimiento del consumo de combustible fósil.

Pero ya a finales de 2006 y sobre todo a principios de 2007, el gobierno se encontró víctima de su propia falacia. La presión por entrar en el cupo les hacía ver que por un lado se habían creado muchas empresas (¡empleos, empleos, aunque sean ficticios y temporales!) y que tanto organizaciones sindicales como ecologistas (encabezadas por Greenpeace en este sentido) apoyaban la potenciación de esta industria, sin otra crítica que no fuese que el gobierno tenía que hacer todavía más y apoyar todavía más. Por otro lado, no se veían las reducciones de costes prometidas (justo al contrario; la especulación llegó hasta la propia China que se regodeaba de ver cómo iban caravanas de empresarios a mendigar módulos fotovoltaicos por caridad) y los precios, en vez de bajar por volumen, subieron en un mundo ávido, muy ávido de especulación, prácticamente lo que los habían bajado las supuestas innovaciones y mejoras tecnológicas. Pero es que la especulación se trasladó a los fabricantes de inversores, algunos de los cuales vendían lo que no estaba ni en los escritos (hasta sin especificaciones), y a los fabricantes de transformadores, de casetas, de columnas de media tensión, de hilo de cobre y además coincidiendo con el alza espectacular de materias primas de las que esta industria es muy dependiente: acero, aluminio, vidrio templado, cemento, etc.)

Y por si fuera poco, el gobierno intuyó que iba a entrar en crisis, que su famoso “superávit” se esfumaba en cuestión de meses y que estaban regados por los campos entre 1.000 y 1.500 MW, cuyos promotores presionaban, de la mano de empresas, ecologistas en más o menos acción y hasta grupos sindicales, para que papá Estado siguiese ofreciendo la prima “chachi”, aunque pasaran de los 370 MW. El gobierno cedió y fue todavía peor. Dictaminó, tarde y mal, que aseguraba la prima de 0,45 €/kWh a todo el que estuviese vertiendo en red y con el Acta de Puesta en Marcha (ó APM; uno de los cien mil hijos de las certificaciones requeridas), pero antes del 29 de septiembre de 2008. Y ahí vino el llanto y crujir de dientes de los promotores, especuladores e industria. Fue el caos, la debacle, el tocomocho, el trajín con placas arriba y abajo; las presiones a funcionarios autonómicos para que certificasen que sus plantas ya estaban operando, a que firmasen el APM y lo que hiciese falta. Presiones singulares a las empresas eléctricas para que sus técnicos no se tomasen vacaciones en verano y fuesen a conectar las plantas a red y a lacrar contadores de media y baja. Presiones a alcaldes para que firmasen licencias de obras en obras comenzadas sin ellas, o con licencias de obras provisionales, que de todo ha habido, por las prisas, por la improvisación, por el crapuleo de siempre.

Y aún así, quedaba, lógicamente, la petición de las empresas del sector al gobierno, con el estribillo de la famosa canción: no pares, sigue, sigue, para que los puestos de trabajo creados tan de sopetón, no se viniesen abajo como luz de gas o flor de un día. Y el gobierno, se encontró en apenas un año, en que estaba en otras cosas (galgos y podencos entre PSOE y PP), con que los 200 millones de euros se le podían subir en subvenciones a la solar hasta diez veces más en un periquete. Y en unos momentos, en que los dedos se les hacían huéspedes y el tan cacareado superávit se les convertía en déficit galopante. De 200 millones anuales previstos en gastos a unos 1.500 millones no previstos. Unos mil millones más por año durante 25 años. Y con los ecologistas, los fabricantes y los promotores pidiendo más, mucho más.

Y todo ello ¿con qué objetivos? Pues el de reducir costes mediante la mejora de las tecnologías y los procesos, ha hecho agua, aunque alguna cosa ha mejorado en algo, pero más bien poca. Para que los 3.000 MW a que se apunta en breve, emparejándonos con la envidiada Alemania en energía solar, sirvan para producir apenas el 1,5% de la electricidad que consumimos. Y el objetivo de crear empleo, se tambalea, si la deuda del Estado no aumenta exponencialmente. Ha llegado la hora de preguntarse si hay que seguir invirtiendo en este sueño fotovoltaico, con el dinero de todos los españoles, para que un banco (o varios grupos fuertes de inversión) puedan ofrecer a sus clientes o pensionistas estadounidenses o europeos “rentabilidades superiores al 10% anual”, con el dinero de todos los españoles, más que para hacer una energía viable, limpia y posible.

Porque la realidad mundial, no sólo la española, apunta a que todas las instalaciones que se están llevando a cabo en el mundo, lo hacen en países que subvencionan fuertemente este negocio y dan a ganar a los poderosos. No hay prácticamente nada instalado en países que no subvencionen o primen fuertemente a esta industria, que ya lleva 40 años en el mercado y cuyos desarrollos e innovaciones, con ser importantes, no han sido capaces de hacer un sistema llamado “renovable”, que no tenga que seguir fuertemente apuntalado en la sociedad fósil, de consumo de energía fósil. Lo que indica el mapa del mundo solar fotovoltaico hasta hoy, hay que decirlo de una vez, es que esto es un juguete para ricos, insostenible y parasitario de las primas, ayudas fiscales o subvenciones que terminan beneficiando a unos pocos, en contra de la quimera de la energía distribuida del gurú Jeremy Rifkin (¡qué asesores se buscan algunos gobiernos y lo que les pagan, Dios mío!) con cargo a todos los ciudadanos.

La cuestión es que España creció en 2008 tanto como Alemania, la primera potencia mundial, pero el perfil de su crecimiento era bien distinto. Mientras el 45,4% de las instalaciones solares en Alemania se han hecho sobre tejado (el 36% en Francia, Italia y Grecia) esa cifra en España se sitúa en un modesto 8,8%. "Mientras en Alemania se ha democratizado la energía solar beneficiando a los particulares, en España se ha favorecido a los de especuladores de siempre, entre ellos a demasiada gente del sector inmobiliario", dice un experto, responsable de la página web Jumanji.blogspot.com considerada como la más independiente del sector.

No se puede extrapolar con esta facilidad el caso alemán al español o a los modelos griego e italiano. Es cierto que en Alemania, nación con ciudadanos con mucha más consciencia social y menores criterios especulativos o de pelotazo, pero tampoco estúpidos, ha puesto la mayoría de sus instalaciones sobre tejado. La razón es que estaban más favorecidas y que son 80 millones en un terreno mucho más sellado por el crecimiento y el urbanismo que España. La tercera razón es que la especulación del suelo urbano en España es bastante mayor que en Alemania y eso obliga al que quiere hacer negocio a irse al campo, que en España había mucho, hasta que los agricultores empezaron a espabilar cuando vieron los primeros camiones con módulos llegando a los huertos de lechugas.

Pero por otra parte, los que ahora, a toro pasado, sugieren que España debería “subir a los tejados para las instalaciones” (de hecho el último golpe de timón del decreto eleva las instalaciones en tejados de menos de 20 kW a 0,34 €/kWh frente a los 0,32 kWh sobre suelo, promocionando así este tipo frente a las instalaciones sobre suelo generalmente rústico), deberían reflexionar sobre el asunto.

Si las instalaciones masivas sobre suelo rústico son caras e inviables si no fuese por la prima o las subvenciones del Estado (y el Estado somos todos), las que se hacen sobre tejado, todavía lo son más, porque los tejados generalmente no se han construido orientados a sur y con las inclinaciones adecuadas. La topología urbana hace que en muchos casos haya sombras de edificios colindantes y esto aún los hace mucho menos rentables. El liderazgo alemán sí fue empleado para crear tecnología (que ahora se exporta precisamente a España, donde los alemanes se benefician de las ventas en primer lugar; los promotores e inversores, en segundo lugar y al final, pagan todos los ciudadanos), pero sus instalaciones son verdaderamente ruinosas, desde el punto de vista productivo.

Tanto por el hecho de estar enclavadas en topología con muchas sombras, como por haberse hecho en la oscura Alemania, que tiene una insolación promedio de un 30% inferior a la española. En fin, de nuevo, juegos para ricos. Esto, por no entrar a considerar que en Alemania hay muchas más viviendas unifamiliares (chalets) que determina un cierto nivel de vida y desarrollo, mientras en España, predominan los bloques de viviendas, donde la propiedad horizontal dificulta enormemente la instalación de estos sistemas. Los propietarios lo son también proporcionalmente del tejado o terraza y tienen perfecto derecho a negarse que parte del bien común lo ocupen instalaciones de algunos vecinos, para beneficio propio, si el vecino de menos recursos no puede pagarse la instalación.

La sospecha de fraude está servida. La del tráfico de influencias también. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) acaba de terminar una inspección de 30 instalaciones. No tiene muchos medios, apenas 10 inspectores. El resultado final no es concluyente pero si premonitorio: sólo 13 de esas 30 instalaciones cumplen con todos los requisitos y están vertiendo electricidad a la red. Comunidades como Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha van a tener que dar algunas explicaciones. Y lo que antes era una competencia totalmente descentralizada ha cambiado de signo: ahora el Gobierno ha creado un registro central. Un Gobierno que puede verse obligado a imponer fuertes sanciones a las Comunidades Autónomas si se confirma el fraude.

Veremos en qué quedan estas sanciones, por otra parte tan merecidas, si es que ha habido funcionarios prevaricando y promotores haciendo declaraciones falsas o ingenieros certificando finalizaciones de obras no finalizadas. El asunto es extremadamente escandaloso. Hay instalaciones muy conocidas de bastante megavatios, que están incluso en el borde de carreteras generales, que han intentado llegar a tiempo y hoy se ven todavía (a dos meses y pico de la finalización del plazo otorgado por el gobierno para entrar en la tarifa buena), con una “muestra” de módulos conectadas en cada segmento de 100 kW, para justificar que ya están conectadas a red. Otros no tenían ni los módulos instalados. Muchos otros, no tenían la línea y ahora tratarán de cargar a la empresa eléctrica por los retrasos, jurando que ellos estaban listos. El panorama es para dar trabajo no a 10 inspectores, sino a cien. Aunque si el gobierno se lo toma en serio, quizá algunas de las penalizaciones o multas millonarias en euros por fraude que se apuntan, pueda servir para ver si de una vez aprendemos a hacer las cosas bien. Quedamos a la expectativa.

Un par de apuntes más en este complicado negocio fotovoltaico:

La ley obliga a partir del 1 de julio pasado con entrada en vigor el 1 de enero próximo, a que cada productor de energía eléctrica en régimen especial, designe un agente representante para la venta de su energía en el mercado. Esto complicará enormemente a los propietarios la producción y el cobro de energía los próximos meses. Generalmente no lo pueden hacer los propietarios mismos, pues esta venta va vinculada a predicciones o previsiones de la producción diarias y horarias (otro aumento evidente de la complejidad del sistema. Otro más en la cadena trófica). El fallo en la predictibildiad de la producción del día siguiente o de la hora siguiente puede ser multado, si el desvío es superior o inferior al 5% de lo estimado previamente. Se puede corregir el tiro con antelación diaria para la diaria y horaria para la previsión horaria. El agente representante tiene que estar homologado debidamente como tal ante las autoridades energéticas y ministeriales. Hay pocas empresas que se encarguen de esto. Unas 12 ó 15 en España, quizá ahora alguna más. Esta función la están haciendo hasta ahora y desde julio, las empresas eléctricas distribuidoras a las que las plantas están conectadas, y cobran por ello 0,05 € /kWh generado. Esto es más del 1% de la producción y ningún promotor lo había previsto originalmente hasta ahora en sus cálculos de negocio. Las reglas del “libre mercado” impiden a estas grandes eléctricas seguir haciendo esta función por menos precio, para dar lugar a que entren en liza empresas a hacer la tarea. Estas empresas están cobrando cantidades inferiores a las grandes distribuidoras eléctricas; del orden de 0,03 €/kWh a 0,01 €/kWh según las condiciones. Generalmente garantizan además a los pequeños productores fotovoltaicos que se hacen cargo de las posibles penalizaciones por desvíos.

Esta función tiene una justificación para la red eléctrica y las grandes productoras de energía ya sabían predecir y acoplarse con REE para ajustar la producción instantáneamente al consumo y evitar la caída de la red, que no puede almacenar energía. Hasta ahora, la potencia fotovoltaica instalada era tan pequeña, que la red la absorbía sin mayores problemas. No así con la eólica, que en las puntas de producción, en coincidencia con los valles de consumo, a veces tenía que sacarlas de la red, para disgusto de los promotores eólicos. Sin embargo, el procedimiento de previsión ya alcanza a las fotovoltaicas también, incluso a las instalaciones de pocos kW

La previsión de producción fotovoltaica y eólica es siempre compleja, pero se permite a estos agentes representantes que agrupen las producciones de diferentes campos y fuentes de energía (solar, eólica, térmica, etc.), lo que reduce considerablemente para ellos el riesgo de desvío. Además suelen contratar a su vez (sigue aumentando la cadena trófica y la complejidad) a empresas que disponen de cientos de dispositivos de predicción y medida repartidos por toda la geografía española y más allá (anemómetros, barómetros, termómetros, piranómetros para la medida de la irradiancia solar, etc.) que junto con previsiones satelitales les permiten predecir con cierta precisión si una borrasca entrando por las Azores va a dar más generación ( y cuanta) en una parque eólico en la sierra de Aracena seis horas después, por poner un ejemplo. En esto, España es uno de los países más avanzados del mundo.

Hay posiblemente a estas alturas, a pocos días de que el plazo acabe, miles de productores pequeños (sobre todo los pequeños) que no han contratado todavía al agente representante y pueden quedarse en un limbo facturador en menos de un mes.

El segundo apunte, se refiere a los miles de ayuntamientos españoles, que desde que estalló la crisis del ladrillo y todavía más con el colapso financiero, están caninos. Los ingresos que habían tenido en la época dulce del ladrilleo y la recalificación, se les han desplomado. Sus plantillas y sus faraónicas obras municipales habían ido creciendo como la espuma, dejando estelas de bienestar, más o menos asociado al clientelismo partidista, según casos. Y de repente, se encuentran con que no es que ya no es de para más cohetes y para batir el record Guiness de roscón de Reyes kilométrico en la plaza del pueblo; es que no les da ni para las nóminas de tanto personal recogido y calentito, que cumplía con funciones sociales (policías municipales y sus cuatro por cuatro; la señora de la limpieza, el entrenador del polideportivo; el concejal de obras o el de seguridad e higiene; la construcción de guarderías y la contratación de profesores; los cursos del aula de cultura, etc. etc.) No es que evaporasen necesariamente el dinero de forma fraudulenta, es que imitaron el modelo prevalente de crecimiento infinito, también ellos.

Y ahora, no saben ni de donde pagar el salario. Los derechos laborales dicen que una entidad pública no suele echar gente a la calle, sino generalmente contratar más y más; sobre todo a cada cambio de dirección política. Y miran con ojos golositos alrededor, para ver quién se mueve. ¿Y quienes son los que se mueven? Pues las aspas de los aerogeneradores y los seguidores de las plantas solares fotovoltaicas. Y han decidido ir a por ellos. En algunas comunidades hay enfrentamientos encarnizados entre alcaldes que concedieron permisos y licencias y ahora pasan a preguntar que “qué hay de lo mío”. Lo que antes eran tasas por licencias urbanísticas del tipo del ladrilleo (un 2% de la obra civil) y otro tanto para la licencia de obras, ha pasado a ser, al decir de algunos municipios, de hasta el 6% del total proyecto. Nada menos. Esto puede llevar a la ruina a más de un productor con pocos recursos. A los que han pillado con la licencia provisional de obras, que se vayan atando los machos. Hay disputas en los tribunales y sentencias para todos los gustos, aunque algunas sentencias apuntan, como parece lógico, que la licencia de obras no tase el valor de los paneles y equipos para la generación de un campo, sino sólo la obra civil, al igual que en una fábrica, la licencia de obras no incluye el precio de la maquinaria que luego se incorpora dentro y que es movible y no está vinculada indisolublemente al territorio en que primeramente se enclava. El tiempo irá diciendo. Mientras tanto, la cadena trófica de las renovables engorda y goza cada vez de mayor salud. Ahora entran bufetes de abogados, procuradores y jueces, por si tenían poco con lo que ya tienen en los juzgados. Lo dicho, la entropía aumenta y estos gastos siguen sin estar considerados en la Tasa de Retorno Energético para el cálculo de los sistemas fotovoltaicos. Porque supongamos que los ayuntamientos terminan ganando y hay que pagar el 6% del total de la obra (unos 360.000 €/MW instalado), que no estaban en los planes ¿No es eso energía que terminará yendo a parar, por ejemplo, al 4x4 del agente municipal?