Alejandro Sota, ingeniero energético y economista, ha publicado un
artículo el pasado 7 de septiembre en el diario El Correo, en la edición del País Vasco, que por su interés público enlazamos aquí para que nuestros lectores puedan comentarlo y seguir desarrollando el tema de la energía nuclear, en estos tiempos de intentos de resurrección de dicha energía.
La industria nuclear en España siempre ha afectado de diferente forma a las empresas eléctricas y a los ciudadanos: los beneficios en la generación siempre se han privatizado a favor de las empresas y los gastos enormes que el resto del ciclo nuclear genera: residuos, seguridad, desmantelamiento, seguros de responsabilidad civil, etc., siempre se han socializado. Los costes del tratamiento de residuos son una incógnita, puesto que es imposible calcular el tratamiento que se ha de aplicar a los residuos para mantenerlos controlados durante miles de años; respecto al desmantelamiento de Valdellós I, ya se llevan enterrados 600 millones de euros y aún no se ha finalizado.
Las CN españolas se amortizan en 25 años y a partir de ahí incrementan el margen económico de manera significativa y como los ingresos son función de los KWh producidos, la disponibilidad operativa de la central es una variable fundamental. Pero cuando la CN se ha vuelto vieja, necesita más inspección y mantenimiento, lo que requiere paradas más prolongadas, pero ello reduce las horas de operación y por lo tanto los ingresos. Hay aquí, pues, un tema de seguridad que debe preocupar muy seriamente a las autoridades públicas.